Frente a la supuesta reunión de los líderes de la guerrilla de las Farc y el Eln en Cuba, el fiscal general, Eduardo Montealegre, afirmó que el presidente Juan Manuel Santos tiene facultades constitucionales para autorizar viajes de jefes guerrilleros a Cuba en el contexto de los diálogos de paz sin pedirle permiso a la Fiscalía.

«Para adelantar este tipo de conversaciones en La Habana, que son transitorias y eminentemente coyunturales destinadas a adelantar el proceso de paz, no se necesita la autorización de la Fiscalía», afirmó el fiscal Montealegre en diálogo con Blu Radio.

A lo anterior, el fiscal Montealegre afirmó que el presidente tiene total competencia desde el punto de vista constitucional y legal para autorizar este tipo de encuentros, ya que «la ley lo faculta para que el presidente facilite diálogos y encuentros en el exterior».

El fiscal Montealegre afirmó que ningún momento Santos solicitó a la Fiscalía levantar las órdenes de captura en contra de los guerrilleros, pero que fue un viaje autorizado.

Además, explicó que teniendo en cuenta que «Timochenko» y «Gabino» siguen con órdenes de captura vigentes, la decisión de detenerlos es del Estado cubano «y dentro de su soberanía es el que decide si ejecuta o no esas órdenes de captura que hayan sido expedidas por la justicia de un país amigo».

Y subrayó como uno de los grandes retos del proceso de paz el diseño de un modelo jurídico especial que aplique a los desmovilizados tras la firma de un eventual acuerdo de paz con las Farc, algo que se ha denominado justicia transicional.

«El proceso de paz tiene que terminar con un gran rediseño institucional y uno de los más importantes es adecuar la justicia para el postconflicto», dijo.

Añadió que si se llega a alcanzar la paz negociada, el país necesita una justicia que desarrolle «el Marco Constitucional para la Paz y es obvio que firmado un proceso de paz entran los grupos guerrilleros para que hagamos esos rediseños institucionales», manifestó.

El denominado Marco Jurídico para la Paz es un conjunto de normas que buscan regular los procesos de desmovilización de guerrilleros y su eventual aplicación si se firma la paz con las Farc.