A través de la redes sociales y en entrevistas concedidas, los directores de los medios de comunicación venezolanos, El Nacional, Tal Cual y La Patilla, rechazaron las medidas cautelares que les impuso el Gobierno venezolano, acusándolos de difamar al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello con sus contenidos periodísticos. Además, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la orden de un tribunal de ese país que prohíbe la salida del país a 22 directivos de medios informativos.

La Jueza 12ª de juicio en Venezuela, María Eugenia Núñez, decretó la prohibición de salida del país contra 22 directivos de los medios críticos al gobierno, atendiendo la solicitud del presidente de la Asamblea Nacional, cuando el 23 de abril de 2015, interpuso su acusación, la jueza Núñez también acordó que los 22 acusados deben presentarse una vez a la semana ante el tribunal.

La acción judicial de Cabello se fundamenta en la reproducción en El Nacional, La Patilla y Tal Cual entre otros muchos medios nacionales y extranjeros de la información publicada por el diario español ABC, a partir de los señalamientos de Leamsy Salazar, ex jefe de seguridad del presidente de la Asamblea Nacional. Salazar acusó a Cabello de estar involucrado en el tráfico internacional de drogas, específicamente de ser uno de los líderes del llamado Cartel de los Soles. La noticia publicada en ABC el 25 de enero de 2015 fue suscrita por el corresponsal en Washington Emili J. Blasco, y avalada por el director Bieto Rubido.

En la querella interpuesta por el presidente de la Asamblea se alega que desde el día 27 de enero de 2015 han venido en forma sistemática y progresiva apareciendo múltiples informaciones en El Nacional , Tal Cual y La Patilla, de los que desprendemos el grave perjuicio que estos medios han generado sobre nuestro representado, su reputación y honor.

Por su parte, el director del periódico La Patilla, Alberto Ravell aseguró a través de su cuenta de Twitter que no ha sido citado y que no piensa cambiar la línea editorial del medio que dirige.

Miguel Henrique Otero, director del medio El Nacional de Venezuela, aseguró que la juez decretó la prohibición de salir del país «sin haber emitido las boletas de citación», lo que consideró «totalmente irregular».

Así mismo, consideró que en Venezuela «los jueces dependen del Ejecutivo, reciben órdenes directas del Gobierno» y afirmó que «la Justicia es un instrumento del Ejecutivo para criminalizar a la disidencia».

Tras conocerse la medida, la casa editorial de Otero publicó «el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa exige al gobierno que derogue las normas que penalizan las opiniones y que cese la persecución y el acoso contra los medios independientes y sus trabajadores».

El alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, rechazó elas medidas cautelares que le impuso el Gobierno venezolano a los directivos de medios de comunicación.

“Arremetida contra la libertad de expresión. El gobierno no hace nada para acabar con las malas noticias, pero hace de todo para impedir que sean publicadas”, escribió el edil en su cuenta de Twitter.

Los señalados en la demanda de Cabello y afectados por las medidas impuestas por la jueza Núñez son: Miguel Henrique Otero, Mariana Otero, Argenis Rafael Martínez Mo ta, José Simón Elarba Haddad, Oswaldo Karam Macía, Luis Carlos Serra Carmona, Juan Andrés Wallis Brandt, Omar José Delgado Lugo, Jorge Papatzikos Gianopulos, Vivianne de Lourdes Font Fernández, Ramón José Medina Simancas, Beatriz Cecilia De Majo de Algisi, Carmen Elena Macía Fortique, Leopoldo Eduardo López Mendoza, Teodoro Petkoff Malec, Juan Antonio Rafael Golia Amodio, Francisco Layrisse, Manuel Antonio Puyana Santander, Alberto Federico Ravell Arreaza, Isabel Cristina Ravell Nolck y David Alberto Morán Bohórquez.