De acuerdo con información emitida por el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, en las próximas horas la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, investigada por su presunta responsabilidad en las denominadas “chuzadas” del DAS, a magistrados, periodistas y políticos en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, será traslada a una guarnición militar donde pagará la condena de 14 años de prisión proferida por la Corte Suprema de Justicia. La exjefa de la entidad, quien fue deportada de Panamá, será enviada desde el bunker de la Fiscalía, donde se encuentra recluida, al Cantón Norte en Bogotá.

La exfuncionaria deberá pagar su condena en la guarnición militar del Cantón Norte en Bogotá en la localidad de Usaquén. Su traslado se da atendiendo la solicitud de un juez de ejecución de penas.

Además, según argumenta el jefe del organismo investigador, el traslado esta enfundado en motivos de seguridad, pues según las investigaciones que se adelantan en el caso de las interceptaciones ilegales, Hurtado debe estar en un sitio de reclusión especial, en caso tal que acepte un preacuerdo de colaboración para redimir la pena con la Fiscalía.

“Iniciamos un proceso preliminar, no se ha iniciado formalmente un proceso de colaboración propiamente con María del Pilar Hurtado pero ya hemos dado los primeros pasos para iniciar ese proceso de colaboración”, sostuvo el fiscal Eduardo Montealegre.

El pasado 30 de abril, la Corte Suprema de Justicia impuso este jueves una condena de 14 años de cárcel a la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado y de 8 años de prisión domiciliaria al exsecretario de la presidencia de la República Bernardo Moreno, como responsables de las chuzadas realizadas a magistrados, periodistas y políticos en el gobierno de Alvaro Uribe Vélez. Hurtado fue también inhabilitada por el mismo periodo — 14 años– para desempeñar cargos públicos.

La Corte halló culpable a Hurtado de los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de la función pública, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público.

La exfuncionaria deberá pagar una multa de 53 salarios mínimos, el equivalente a 34 millones 150 mil pesos.