–La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta sobre el riesgo inminente para los operarios de más de 3 mil explotaciones mineras que están en proceso de formalización en el territorio colombiano, pero que no está sometidas a una vigilancia adecuada de las autoridades y en las cuales se pueden presentar tragedias como la ocurrida la víspera en el municipio de Riosucio, Caldas, donde 17 trabajadores quedaron atrapados y hasta ahora se desconoce su suerte.

La Defensoría estableció que según la Agencia Nacional Minera, sobre la operación de los más de 3 mil complejos de extracción minera que hay en diferentes partes del país, no se tiene un seguimiento detallado pues los procesos de inspección in situ son dispendiosos, como en el caso de la mina de El Playón, donde ocurrió la última tragedia.

Añadió que en este caso, pese a existir una solicitud desde el año 2013, al parecer no se habían realizado las visitas correspondientes para verificar su estado y ante todo las medidas de seguridad para la explotación.

En este sentido, la Defensoría del Pueblo exhortó al gobierno y a las autoridades competentes extremar los controles y garantizar una efectiva vigilancia a las actividades de explotación minera en el territorio colombiano para evitar que se sigan presentando tragedias como la registrada en el municipio de Riosucio.

Además,. el organismo humanitario, solicitó investigar a la empresa que ostentaba el título de la mina, pues advierte que no obstante la prohibición de realizar excavaciones profundas como las efectuadas en el terreno, la presencia de conexiones eléctricas aparentemente fraudulentas, la ausencia de una planta alterna de energía para suplir cualquier falla en el fluido y las precarias condiciones de seguridad social para los empleados, permitía su faena bajo circunstancias de alto riesgo para su integridad.

La Defensoría recordó que no basta con acciones aisladas de la Fuerza Pública para destruir la maquinaria de la minería ilegal industrializada, sino que resulta necesario asegurar la capacidad del Estado para controlar esta actividad, y ofrecer escenarios seguros a fin de sobreponer el derecho a la vida de los trabajadores, aún por encima de tradiciones laborales inestables, máxime teniendo en cuenta que en algunas regiones son los grupos armados ilegales los que se benefician a costa de la necesidad de los mineros artesanales.

Entre tanto, la Defensoría Regional Caldas dispuso el envío de una comisión humanitaria a la zona de la emergencia en Riosucio, con el fin de vigilar las tareas de socorro en busca de los 17 mineros atrapados en la zona más profunda de los socavones.