–Como un paso histórico hacia una nueva política de drogas calificó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos la decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes de suspender la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato. La medida fue aprobada por 7 votos a favor y sólo uno en contra, depositado por el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez.

La determinación se tomó en una sesión extraordinaria del organismo rector de las políticas contra las drogas ilegales que se prolongó por espacio de cuatro horas y que tuvo como base la recomendación del Ministerio de Salud, bajo el argumento de que el quimico es daniño para la salud humana y el medio ambiente.

El Ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, quien presidió la sesión, celebró la determinación y destacó que esta se produjo en el contexto de un nuevo enfoque a la lucha contra la producción, tráfico y consumo de estupefacientes en Colombia.

“El Consejo, por mayoría, ha decidido suspender las aspersiones con glifosato sobre cultivos ilícitos”, afirmó Reyes Alvarado, quien agregó que dicha decisión se hará efectiva una vez la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) “revoque o suspenda” el plan de manejo ambiental que cobija o permite la aspersión con glifosato en el país.

El ministro afirmó que «principios constitucionales fueron definitivos para la decisión tomada por el Consejo Nacional de Estupefacientes».

El Consejo Nacional de Estupefacientes está conformado por los Ministros de Justicia, Salud, Defensa, Educación, Relaciones Exteriores; el Fiscal General de la Nación, el Procurador General y el Director de la Policía Nacional.

Como invitados asistieron los Ministros de Agricultura, de Ambiente; los representantes de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

El ministro de Justicia informó que el Consejo Nacional de Estupefacientes también aprobó la creación de un comité técnico “que en el plazo de un mes debe formular las recomendaciones para ajustar la política contra las drogas a la realidad que implica la suspensión anunciada”.

NUEVO ENFOQUE

A propósito del tema, la víspera la Comisión Asesora para la Política de Drogas presentó al Gobierno Nacional una serie de recomendaciones para darle un nuevo enfoque a la lucha contra las drogas en Colombia, para la formulación de una política nacional de drogas que esté acorde con las realidades y necesidades actuales en esta materia.

En el documento, la Comisión Asesora reconoce que el Estado colombiano ha hecho grandes esfuerzos para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales vinculadas a este negocio, que han permitido avances muy significativos en reducir los niveles de violencia. Sin embargo, a pesar del altísimo costo que ha pagado el país para lograr reducir la producción y tráfico de drogas, tanto en vidas humanas como en efectos colaterales negativos, el narcotráfico continúa siendo hoy un negocio altamente rentable y que mueve recursos muy significativos. Así mismo, el consumo de sustancias psicoactivas en el país ha mostrado una preocupante tendencia de crecimiento sostenido en los últimos 20 años.

Las limitaciones y efectos colaterales negativos de algunas de las políticas implementadas para combatir el narcotráfico y para enfrentar el creciente consumo de drogas en el país dan cuenta de la necesidad de replantear algunas de las estrategias que se han ejecutado, a la luz de nuevos objetivos y con base en modelos teóricos más flexibles de regulación jurídica de las sustancias psicoactivas.

A continuación se presentan las principales recomendaciones que, a juicio de la Comisión, deberían llevar a que el gobierno colombiano construya una política de drogas más eficiente, menos costosa y que privilegie la prevención y las respuestas integrales antes que las punitivas:

? La política nacional de drogas debe ser diseñada con un enfoque de salud pública y debe ser respetuosa de los derechos humanos. En especial, esa política debe tomar en cuenta sus posibles impactos sobre grupos discriminados y en situación de vulnerabilidad, como las mujeres, los grupos étnicos o las personas en situaciones de pobreza.

? La política nacional de drogas debe estar basada en la evidencia y sustentada en evaluaciones y en la mejor información disponible sobre la efectividad de las estrategias y programas implementados.

? La Comisión considera que no es necesario dejarse atrapar entre los extremos de penalización del usuario y la prohibición estricta tipo guerra a las drogas, o de total liberalización del consumo y del mercado de las SPA. Ese es un dilema falso, pues son posibles, tanto a nivel teórico como práctico, opciones intermedias de estrategias de reducción del daño y regulación estricta del mercado de las sustancias psicoactivas, que han mostrado mejores resultados en términos de salud pública y del respeto de los derechos humanos.

? El Estado colombiano debe contar con una entidad coordinadora de la política de drogas con rango de agencia presidencial y de carácter permanente, no transitorio, con autonomía financiera y administrativa.

? La política de drogas debe hacer una diferenciación explícita y operativa de las herramientas que se utilizan para enfrentar los temas de consumo por un lado y las actividades de producción y tráfico por el otro, especialmente cuando estas últimas tienen una vinculación directa con fuentes de financiación de organizaciones criminales.

? Las políticas en reducción de la demanda deben ser políticas de Estado, no de gobierno. Esto significa que deben existir normas que hagan obligatoria la atención continuada y sistemática a los diferentes elementos que componen el problema y que permitan, a nivel nacional y municipal, la asignación de recursos para lograr esos objetivos.

? La política frente al consumo de drogas debe propender por la atención integral de los consumidores enmarcados en los enfoques de salud pública, derechos humanos, inclusión social y desarrollo humano, a través de la promoción de capacidades, la participación y la reducción de estigma y discriminación.

? El Estado colombiano debe evitar a toda costa que el consumo de drogas como fenómeno multicausal sea criminalizado. Esto requiere de un enfoque diferencial que distinga entre consumos problemáticos y no problemáticos, patrones de uso dependientes y no dependientes, y encontrar alternativas a la pena para quienes cometan delitos que estén asociados a su problema de dependencia.

? El uso de la marihuana medicinal debe ser regulado y avanzar en el marco de la regulación de las sustancias psicoactivas, priorizando la prevención del consumo en menores de edad.

? En cuanto a los temas de producción y tráfico de drogas, las políticas para confrontar los cultivos de uso ilícito requieren de estrategias que reconozcan los derechos humanos, lo que implica un enfoque territorial basado en la intervención integral del Estado en las zonas afectadas por la presencia de estos cultivos, coordinando en forma estricta la seguridad territorial, la provisión de servicios de justicia y seguridad ciudadana, y la provisión de bienes y servicios para el progreso económico y el bienestar de la población.

? El gobierno colombiano debe revaluar, con base en un conjunto de evidencia amplio, la conveniencia de continuar implementando campañas de aspersión con glifosato como mecanismo para disminuir los cultivos ilícitos. Los estudios empíricos muestran que el uso de la aspersión de herbicidas como mecanismo para reducir los cultivos ilícitos es muy poco eficiente y genera costos directos y colaterales muy graves sobre la salud y sobre el medio ambiente.

? Dentro de las estrategias para enfrentar la criminalidad asociada al narcotráfico debe prevalecer el interés por reducir la violencia, incluso por encima de reducir los flujos de drogas ilícitas. El Estado debe concentrarse en desmantelar las estructuras criminales mediante la afectación de las condiciones locales, regionales, institucionales y organizacionales que permiten que estos grupos se reproduzcan. Esto que implica un enfoque multidimensional dejando atrás el enfoque estrictamente operacional medido por capturas, neutralizaciones, decomisos e incautaciones.

? Se debe expedir una ley marco que cree un régimen unificado, sistemático y general de prevención de lavado de activos, aplicable a todos los sectores de a la economía. El Gobierno debe dar al lavado de activos la importancia que merece en la agenda nacional, asignando los recursos necesarios para la ejecución de las políticas contenidas en el documento CONPES.

? Las estrategias frente al narcomenudeo, el micro-tráfico y el tráfico transnacional de drogas ilícitas, deben enfocarse prioritariamente en aquellos eslabones que más violencia y daños colaterales generan. Esto se debe hacer con el fin de desincentivar el uso de la violencia como estrategia para operar en mercados ilegales.

? La extradición como forma jurídica de lucha contra la criminalidad internacional merece un replanteamiento frente a nuevas situaciones del cambio de mirada legal frente al tráfico de estupefacientes.

? El gobierno debe actualizar el Estatuto Nacional de Estupefacientes partiendo de los objetivos definidos en la política nacional de drogas.

? La política exterior en materia de drogas deberá definirse una vez el Estado colombiano establezca su política pública interna frente a la problemática de las drogas. Sin embargo, su experiencia y autoridad en esta materia ofrecen la posibilidad de asumir el liderazgo en los diferentes escenarios internacionales en temas estratégicos.

? El Estado colombiano debe tomar en cuenta el régimen internacional de fiscalización de ciertas drogas, desarrollado por las convenciones de Naciones Unidas, pues es deber de un Estado cumplir de buena fe sus compromisos internacionales. Pero dadas las limitaciones y los problemas secundarios graves ocasionados por ese régimen internacional prohibicionista Colombia debería políticamente proponer la flexibilización y modificación de ese régimen internacional; y en todo caso, debería adoptar una interpretación en clave de derechos humanos de ese régimen internacional, que le otorga mayor flexibilidad, dado que las obligaciones en derechos humanos son prevalentes.