En el último debate de la reforma de equilibrio de poderes, la plenaria de la Cámara de Representantes eliminó, con 90 votos a favor y 11 en contra, la eliminación de la actual Comisión de Acusación para dar paso al Tribunal de Aforados.

El Tribunal de Aforados será el encargado de investigar y acusar a magistrados y al Fiscal General. En caso de que se cometan faltas disciplinarias, la acusación se hará ante la Cámara de Representantes y la decisión podrá ser apelada en el Senado.

El tribunal estará conformado por tres miembros elegidos por el Congreso en pleno para un periodo de ocho años.

Cuando los casos sean penales, el tribunal de Aforados hará la acusación ante la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con el proyecto, el Tribunal de Aforados tendrá 60 días para presentar la acusación disciplinaria o penal.

Según el proyecto, las salas plenas del Consejo de Estado, Comisión de Disciplina Judicial y Corte Suprema de Justicia pueden pedir al Tribunal de Aforados la suspensión del acusado mientras se realice la investigación.

Mientras entra en funcionamiento la Comisión de Aforados, existirá un año de empalme para depurar los procesos que actualmente están en la Comisión de Acusación.

Por otro lado, también fue eliminado el Consejo Superior de la Judicatura y se estableció la creación del Consejo Nacional de Gobierno Judicial. Este estará conformado por un gerente de la Rama Judicial y los presidentes de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado.

De igual manera, este sistema judicial estará conformado por un representante de magistrados, uno de jueces, más tres miembros permanentes dedicados exclusivamente al Consejo.

Su principal función será postular ternas de candidatos, presentar el presupuesto de la justicia y expedir el reglamento de la rama judicial.

De acuerdo con la ponencia, se deberá tramitar una nueva ley estatutaria que definirá los temas para los cuales sea necesaria la presencia de ministros, Fiscal General, academia y abogados litigantes.

El gerente será el que proyecte el presupuesto de la rama de justicia y será el representante legal de la misma.