Procurador pide incorporar militares en Comisión de la Verdad sobre el conflicto y además exige compromisos a las Farc
–En concepto del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado en la Comisión de la Verdad que se plantea crear dentro del proceso de paz, debe haber integrantes de las Fuerzas Militares y también personas que hayan sido cercanas a los grupos desmovilizados para seguir un desarrollo legítimo. Además, las Farc deben comprometerse a revelar la verdad como requisito previo para acceder a eventuales fórmulas de justicia transicional.
Los pronunciamientos los hizo el jefe del Ministerio Público en una carta que envió este jueves a los negociadores del gobierno y «del grupo terrorista Farc», en la cual advierte que la «Comisión de la Verdad no puede ser un instrumento de legitimación del terror y del crimen».
Al respecto considera que se debe reconocer desde un principio a las Farc como los victimarios y en ningún momento se le debe dar legitimidad a sus acciones contra la población civil.
En su misiva, Ordoñez Maldonado señala las garantías mínimas que se deben tener en cuenta para alcanzar un acuerdo en materia de la creación de una Comisión de la Verdad.
Añade que estas garantías «evitan que la verdad de las atrocidades ocurridas en Colombia se pretenda negociar adoptando una narrativa que convenga a las Farc o al Estado. La verdad es la verdad y no un recurso de legitimación política”.
“Al igual que los demás mecanismos de justicia transicional, judiciales y extrajudiciales, que se adopten en virtud del Marco Jurídico para la Paz, la Comisión de la Verdad se debe implementar una vez se produzca la firma del Acuerdo de Terminación del Conflicto Armado”.
En la carta, el Procuradora reitera la necesidad de que la verdad, en desarrollo del proceso de paz, sea un derecho garantizado a las víctimas y al conjunto de la sociedad colombiana, así como a la comunidad internacional, y por ende solicitó que la determinación del mandato de una Comisión de la Verdad comprenda mínimos que parten de la no instrumentalización de esta para justificar actos de barbarie cometidos por ese grupo guerrillero en más de medio siglo de acciones criminales.
“El mandato de la Comisión de la Verdad, conforme a las experiencias internacionales, consiste en develar los crímenes de guerra, genocidios, crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones a los Derechos Humanos que no adquieran esa connotación, respecto a sus patrones, modus operandi, alcances y propósitos. La Comisión es un mecanismo de justicia transicional extrajudicial que busca satisfacer los derechos de las víctimas, no puede ser un instrumento de legitimación del terror y del crimen. Su informe debe proscribir la inclusión de narrativas que justifiquen las atrocidades”, señala Ordoñez Maldonado.
El procurador resalta igualmente que la Comisión de la Verdad no puede sustituir la persecución judicial a los máximos responsables de dichos crímenes atroces y que la acción del aparato judicial no puede depender de informes que esta presente. En concepto del jefe del Ministerio Público, la Comisión de la Verdad debe implementarse a su tiempo, es decir, una vez se concrete un acuerdo de paz.
“Al igual que los demás mecanismos de justicia transicional, judiciales y extrajudiciales, que se adopten en virtud del Marco Jurídico para la Paz, la Comisión de la Verdad se debe implementar una vez se produzca la firma del Acuerdo de Terminación del Conflicto Armado”, afirma.
Además reseña que “en su trabajo, la Comisión de la Verdad debe tener en cuenta las sentencias judiciales que existen y se produzcan en contra de los miembros de las FARC, agentes estatales e integrantes de las AUC”.
Igualmente innsiste en que los integrantes del grupo ilegal Farc deben comprometerse a revelar la verdad como requisito previo para acceder a eventuales fórmulas de justicia transicional. “Su incumplimiento causa la expulsión de esta”.
Sin embargo, el jefe del Ministerio Público asegura que la verdad del conflicto armado colombiano no puede definirse en una mesa de negociaciones en La Habana.
Dice que “el ‘mandato” de la Comisión no debe partir de supuestos de responsabilidad institucional o de la existencia de una política de Estado de violación a los Derechos Humanos o de infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Por el contrario, la dimensión y connotación que tenga la conducta de agentes estatales debe ser objeto del trabajo de la Comisión y no de una conclusión previa impuesta o pactada en la Mesa de Conversaciones”.
Finalmente precisa que «el informe de la Comisión de la Verdad no es la verdad oficial. En una Democracia no pueden existir verdades oficiales. Será un relato que debe ser discutido, controvertido, complementado o validado por los diferentes sectores de la sociedad, basado en la realidad objetiva que constituye el núcleo del derecho de las víctimas a la verdad. Las anteriores garantías evitan que la verdad de las atrocidades ocurridas en Colombia se pretenda negociar adoptando una narrativa que convenga a las FARC o al Estado. La verdad es la verdad y no un recurso de legitimación política”, concluye.