Fundación denuncia que programa de restitución de tierras avanza a paso de tortuga
Según el Análisis de Sentencias realizado por la Fundación Forjando Futuros con corte de 1000 sentencias, el departamento de Antioquía, tiene los 65 municipios con mayor despojo del país, en donde tan sólo se han proferido 105 sentencias, de ellas, 27 en Urabá; lo anterior, teniendo en cuenta que el 80% de los predios en esta región ya habían sido adjudicados por el Incora o el Incoder. En contraste, el estudio señala que el 89% de los opositores adquirió los predios aprovechándose de las condiciones de violencia; lo que demuestra que el problema fundamental son los falsos propietarios.
El organismo asegura que, terratenientes y algunos funcionarios del Gobierno alegan la existencia de falsas víctimas que buscan aprovecharse de la Ley. Sin embargo, las cifras del estudio de 1.000 sentencias demuestran que el 98% de los reclamantes de tierras fueron reconocidos como verdaderas víctimas por los jueces. El 2% restante no demostró su relación jurídica con el predio o no demostró que la venta de este fuera consecuencia del conflicto armado.
Según la entidad, al 30 de abril del presente año, fecha en la que concluyó el informe, se resolvieron 175 solicitudes y se restituyeron 1.949 hectáreas de tierra de las 650 mil que están pendientes. Los predios fueron 158, de esos se compensaron 8 y se negaron 7. El estudio reveló que el promedio de predios reclamados por sentencia es de 2.
La tesis de las falsas víctimas lleva a desconocer el principio de la buena fe de los reclamantes de tierras y a revictimizar a las familias despojadas, pone en riesgo la vida de los reclamantes, legitima a los victimarios, protege a las élites regionales causantes del despojo y esconde los escasos resultados en la implementación de la Ley en la Restitución de Tierras.
En las 1.000 sentencias, en Antioquia hay 53 casos con oposición y 33 personas opositoras de las cuales 3 representan el 50% de las oposiciones: Álvaro Mesa Cadavid (detenido), Benjamín José Alvarado Bracamonte (Investigado por despojo) y Adriano Pino Palacios (vinculado a proceso judicial).
Los principales causantes del despojo en Antioquia fueron los Paramilitares, 93% y la Guerrilla con el 7% restante.
La Fundación, finamente manifiesta que “La tesis de las falsas víctimas lleva a desconocer el principio de la buena fe de los reclamantes de tierras y a revictimizar a las familias despojadas, pone en riesgo la vida de los reclamantes, legitima a los victimarios, protege a las élites regionales causantes del despojo y esconde los escasos resultados en la implementación de la Ley en la Restitución de Tierras”.