La Contraloría de Santander denunció una aparente fuga de recursos por $50 millones de pesos en un contrato suscrito entre la Gobernación de Santander y una fundación.

De acuerdo con el informe emitido por el organismo de control, existiría una fuga de recursos públicos por más de $50 millones en dicho contrato firmado por $70 millones entre la Secretaria del Interior del departamento y la fundación, Funprocom.

Se trata de una auditoría hecha al contrato número 04280 del 20 de septiembre de 2013, que fue suscrito entre la Secretaría del Interior y la Fundación para el Progreso de la Comunidad, Funprocom, con el fin de fortalecer “a las organizaciones comunales y líderes institucionales para generar capacidad de gestión en el departamento de Santander”.

Según lo establecido por el organismo, la Gobernación de Santander se obligaba a pagar $70 millones a cambio de que se brindaran capacitaciones en cinco municipios del departamento, en un término de dos meses.

La Contraloría halló que el objeto del contrato no se había cumplido a cabalidad y que existió una presunta falsificación en los documentos que fueron aportados para soportar la ejecución de los recursos.

El ente de control logró establecer que, de $70 millones que fueron invertidos, al menos $52 millones habrían sido apropiados irregularmente por la fundación y sus directivos.

“No se cumplió con las horas pactadas, ni con las fechas ni el cubrimiento en cuanto al número de líderes”, aseguró Argemiro Castro, contralor de Santander.

Y agregó: “volvemos a comprobar que la contratación con fundaciones es de alto riesgo, y que hay un gran porcentaje de probabilidad de que estas corporaciones malgasten recursos públicos”.
Adicionalmente, la Contraloría asegura que tiene una grabación en la que Daniel Másmela, quien fue el coordinador de los talleres, presuntamente persuade a uno de los contratistas para que no se acercara a declarar por la ejecución de este contrato.

La Contraloría adjuntó copias a la Fiscalía, para que investigara los delitos en los que habrían incurrido tanto la representante legal de la Fundación, Irma Martínez, como el coordinador de los talleres.

El contrato fue suscrito por el entonces secretario del Interior y ahora candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, Carlos Ibáñez, y se ejecutó cuando Yaneth Mojica, precandidata a la Alcaldía de Barrancabermeja, había asumido ese cargo.

El contralor Argemiro Castro aseguró que este no es el único contrato con fundaciones que está siendo revisando por la entidad, de cara a determinar presuntas irregularidades y falencias en la ejecución de recursos públicos.