Luego de visitar 18 centros transitorios de detención para adolescentes y de verificar el estado de los derechos humanos en esos establecimientos, la Defensoría del Pueblo constató que en dichos centros aún se evidencian síntomas de violación a los derechos fundamentales de quienes se encuentran privados de la libertad dentro del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA).

Así lo denunció el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, durante la presentación del informe defensorial ‘Violaciones a los derechos humanos de adolescentes privados de la libertad.

El estudio advierte las malas condiciones de salubridad, infraestructura deficiente que no cumple con los estándares mínimos internacionales, utilización de casas de vivienda como centros de detención, antiguas construcciones y celdas de castigo como mecanismo de aislamiento y sanción, así como falencias en la prestación de los servicios públicos.

En los centros visitados de Cali, Bogotá, Villavicencio, Ibagué, Neiva y Cartagena, los funcionarios de la Defensoría pudieron establecer problemáticas relacionadas con la atención en salud, hacinamiento, falta de dotación para la resocialización, escasez de programas efectivos de formación académica, ocupacional y recreativa; y en algunos casos puntuales, situaciones de maltrato durante la captura y estadía en el centro por personal de la Fuerza Pública y el INPEC.

De acuerdo con el informe, no hay plenas garantías para la defensa en condiciones óptimas, ni para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, a la vez que advierte déficit en la intervención terapéutica individual y familiar, incumplimiento de los manuales de convivencia, y fallas en el seguimiento y la gestión post- egreso de los adolescentes.

Frente a esta situación, la Defensoría recomienda clausurar y/o demoler la planta física utilizada como celdas de castigo, ofrecer garantías para los derechos fundamentales de los jóvenes, y establecer claramente los mecanismos de defensa e intervención que les corresponden, todo ello a partir de acciones de política pública basadas en derechos de infancia y juventud.

Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se ha comprometido a establecer los mecanismos y lineamientos encaminados a garantizar la protección y el goce efectivo de los derechos de los jóvenes privados de la libertad en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.