La Defensoría del Pueblo pidió a la Fiscalía General de la Nación aclarar si Byron Palacio Fernández, identificado como el “monstruo de la Sierrita” quien tiene cinco condenas de la justicia por acceso carnal violento contra menores de edad, está prófugo de la justicia o no, tras ser cobijado con la medida de prisión domiciliaria.
La Defensoría del Pueblo exigió a las autoridades competentes, en cabeza del Inpec y la Policía Nacional, aclarar a la opinión pública si el llamado “monstruo de la Sierrita” escapó de su residencia o no, y en caso tal disponer los planes necesarios para su recaptura en el menor tiempo posible, así como explicar las razones por las cuales el personal encargado de su custodia permitió la supuesta fuga denunciada por los medios de comunicación.
Además pidió investigar por qué no se tuvo en cuenta este antecedente a fin de reconsiderar la orden del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Sincelejo que en marzo pasado otorgó la detención domiciliaria al llamado “monstruo de la Sierrita”, para ese momento diagnosticado con tuberculosis multiresistente a fármacos, y quien había sido declarado incompatible con establecimiento carcelario según un dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal.
La Defensoría del Pueblo recordó que si bien la ley consagran la posibilidad de obtener la suspensión de la ejecución de la pena por enfermedad grave e incompatible con establecimiento carcelario, no se puede desconocer el principio de prevalencia e interés superior de niños, niñas y adolescentes, máxime cuando el artículo 199 de la ley 1098 de 2006 consagra una prohibición expresa para conceder beneficios jurídicos y administrativos a personas que cometan delitos sexuales contra los menores de edad.
Para la Defensoría resulta evidente que ante las condenas dictadas el 4 de octubre de 1995, el 20 de febrero de 1998, el 27 de septiembre de 2002, el 7 de enero de 2010 y el 20 de agosto de 2010 por distintos jueces penales de los circuitos de Cúcuta y Barranquilla, que al sumarse equivalen a una sentencia superior a los 58 años de prisión, Palacio Fernández constituye un peligro para la sociedad y particularmente para los niños, niñas y adolescentes.
