La Contraloría General de la República se encuentra desde ayer en esta capital realizando una audiencia de seguimiento al cumplimiento de la sentencia 007 de 2014 sobre la restitución de los derechos territoriales de la Comunidad Indígena Embera Katio del resguardo del Alto Andágueda.

La CGR expuso los resultados del seguimiento que ha venido realizando al cumplimiento de la sentencia resaltando las graves falencias que ha encontrado al respecto.

El ente de control entregó un informe al Tribunal Superior de Antioquia donde se resumen los hallazgos encontrados a la fecha, que dan cuenta del grave incumplimiento institucional en los temas que constituyen la etapa posfallo del proceso de restitución de derechos territoriales de la comunidad Embera Katio del Alto Andágueda.

Esta audiencia, convocada por el Tribunal Superior de Antioquia y presidida por los magistrados especializados en restitución de tierras de dicha corporación, tiene como objetivo evaluar la gestión de las entidades del Gobierno Nacional en el cumplimiento de sus obligaciones en el marco de la sentencia.

Los magistrados citaron a la comunidad, gobernadores, asesores, la Unidad para la Atención y la Reparación Integral de las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, el Ministerio del Interior, el Incoder, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Vivienda, el Banco Agrario, y la Secretaría Departamental de Salud. También estuvieron presentes el Gobernador del Chocó y el Alcalde de Bagadó.

Durante la audiencia se presentaron las acciones del Gobierno Nacional para intentar cumplir lo ordenado en la sentencia, y las dificultades que ha surgido, debido a que el alto Andágueda es una región con una geografía compleja, sin vías terrestres de acceso, y con una débil presencia del Estado.

Además, es una región rica en minerales, especialmente en oro, cuya explotación ha generado múltiples conflictos, la victimización y la violación de los derechos humanos de la comunidad indígena por parte de los actores armados.

El Resguardo Tahami del Alto Andágueda fue constituido por el Incora mediante Resolución 185 del 13 de diciembre de 1979. Actualmente está organizado en 33 comunidades en las que habitan más de 1400 familias y alrededor de 7200 personas. Los miembros de ésta comunidad, además de ser víctimas del conflicto armado, enfrentan graves falencias en términos de salud, educación, vivienda y saneamiento básico.

Durante los últimos tres años la comunidad ha sufrido la muerte de decenas de niños sin que hasta el momento se conozcan las causas.