Argumentando vicios constitucionales en varios artículos aprobados, además de considerar que el acto legislativo atenta contra el equilibrio de las ramas del Estado, la Fiscalía General de la Nación, entabló una demanda ante la Corte Constitucional por la “reforma de equilibrio de poderes” aprobada en junio por el Congreso de la República.

Así lo confirmó el mismo Fiscal Eduardo Montealgre en el encuentro anual de la Corte Suprema que se realiza en en el Hotel Las Américas en Cartagena, en donde hizo público que presentó el día de ayer la demanda.

“El Congreso de la República, lejos de remediar los desajustes institucionales y los desbalances de poder contenidos en el proyecto original, optó por agravarlos y profundizarlos a lo largo de las distintas etapas del tránsito legislativo», añade el ente acusador”.

La demanda se concentró específicamente en el componente judicial de la reforma, es decir, en todas aquellas disposiciones que modificaron el funcionamiento de la rama judicial.

El primer argumento de la demanda se concentra en desvirtuar la constitucionalidad de los artículos del Acto Legislativo 02 de 2015 que modificaron el sistema de gobierno y administración del poder judicial y el régimen disciplinario de los empleados de la Rama Judicial. En concreto, en este argumento se sostiene que el Congreso de la República tiene el deber de respetar el principio de unidad de materia en las reformas a la Constitución por medio de actos legislativos.

Lo anterior implica que en un acto legislativo tan solo se pueden modificar temas que tengan conexidad entre ellos, y que, en caso de que en estas reformas se aborden temas inconexos, la Corte debe declarar la inconstitucionalidad de aquellos que no tengan relación con el tema predominante del acto legislativo.

De otra parte, la demanda prueba que el Congreso de la República violó los principios de consecutividad e identidad flexible durante el trámite de la reforma constitucional. Esto quiere decir, en otras palabras, que el Acto Legislativo 02 de 2015 introdujo en la Constitución algunas normas que no fueron objeto de los ocho debates que exige la ley colombiana para efectos de producir cambios en la Carta Política de 1991.

Finalmente, la demanda también sostiene que el Congreso de la República desbordó sus competencias constitucionales, porque la aprobación de la reforma de equilibrio de poderes condujo a la sustitución de pilares de la Carta Política de 1991. Como lo ha considerado la jurisprudencia constitucional, esta facultad sólo le está conferida y reservada al pueblo colombiano a través del mecanismo de una Asamblea Nacional Constituyente.

El objetivo de la demanda es que la Corte Constitucional declare inexequible apartes del proyecto bandera del presidente Juan Manuel Santos que se aprobó en el congreso.