Así quedó evidenciado en dos pronunciamientos que hicieron los organismos de control, cuando para el entonces, fungía como contralora de la República Sandra Morelli Rico,quien junto con el Procurador Alejandro Ordoñez enviaron una comunicación al primer mandatario en la que solicitaron la adopción de medidas urgentes para garantizar la continuidad e impacto del programa a raíz de presuntas irregularidades señaladas en varias denuncias.

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, y la contralora general de la República, Sandra Morelli Rico, le manifestaron al presidente Juan Manuel Santos Calderón su preocupación por la situación actual del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en todo el territorio nacional, pues las dificultades en su ejecución siguen afectando la educación y la alimentación de más de ocho millones de niños, niñas y adolescentes.

En la comunicación dirigida al primer mandatario en jueves 4 de agosto de 2014, los representantes de los organismos de control señalaron que se recibieron reiteradas quejas por parte de las entidades territoriales certificadas en materia educativa, de los usuarios del PAE, de los operadores de los contratos que implementan el programa y de la ciudadanía en general, no sólo sobre la calidad del servicio, sino respecto de las dificultades legales, administrativas, financieras, técnicas y presupuestales que afectan su desarrollo.

El jefe del Ministerio Público y la contralora general manifestaron además que, en el seguimiento al proceso de transición del PAE (ordenado en la ley del Plan Nacional de Desarrollo) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) al Ministerio de Educación, no han encontrado materializados los principios de igualdad, planeación, eficiencia, eficacia y economía que rigen la administración pública, lo que se generan hondos cuestionamientos sobre la manera como se cumple la finalidad esencial del PAE, cual es la de fortalecer la estrategia de permanencia de los escolares en el sistema educativo a través del suministro de un complemento alimentario y de educación en estilos de vida saludables.

La solicitud formulada conjuntamente por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, estuvo motivada en lo manifestado por el presidente Santos en su discurso de instalación del nuevo Congreso de la República, el pasado 20 de julio, en el que expresó que uno de los desafíos de su nuevo periodo presidencial es promover el sector educativo para alcanzar los estándares de desarrollo de países similares a Colombia.

Por otra parte y en otra comunicación dirigida a Santos, el Procurador le pidió adoptar las medidas que permitan tanto asegurar la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para el año 2014 y los siguientes, como formular un plan que incluya la financiación de los gastos administrativos y logísticos de este programa para la totalidad de los niños, niñas y adolescentes incluidos en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT).

En comunicación, el jefe del Ministerio Público señaló que del seguimiento realizado por este organismo de control al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Ministerio de Educación Nacional, gobernaciones, alcaldías y entidades responsables del programa, así como a la Federación Nacional de Departamentos y la Federación Colombiana de Municipios, se ha evidenciado que la transición del PAE (que estaba a cargo del ICBF y pasa al Ministerio de Educación) ha traído dificultades técnicas, financieras, legales y disciplinarias, situación que podría afectar a los más de 4 millones de infantes y adolescentes que en el presente año fueron beneficiarios.

La Procuraduría conoció información reportada el pasado 10 de diciembre por el Ministerio de Educación Nacional, según la cual de las 94 entidades territoriales certificadas, solamente dos han adjudicado la contratación y tres tienen convenios de cooperación para garantizar el desarrollo del PAE, sin que se tenga certeza de los plazos para la implementación del programa durante el 2014.