–Pese a denunciar ataques aéreos y terrestres por parte de la fuerza pública, las Farc anunciaron la prórroga del cese unilateral del fuego que expiraba este jueves.

Al hacer el anuncio y sin precisar por cuanto tiempo extenderán la tregua, los cabecillas del equipo negociador de las Farc instalados en La Habana, le pidieron al gobierno colombiano frenar sus hostilidades.

“Mientras no haya una solución clara frente a estos asuntos es difícil avanzar en la mesa. Lo mas sensato es que el gobierno no saque ventaja militar de una guerrilla en tregua. El gobierno debe frenar sus hostilidades”, expresan.

Tal como oportunamente lo detallamos aquí en la web www.radiosantafe.com, la víspera, los negociadores de las Farc expidieron un comunicado en el cual hicieron una relación de los asaltos aéreos y operativos militares ejecutados contra sus reductos, advirtiendo que estos hechos “amenazan la prolongación de este gesto de desescalamiento y de ambientación de la paz”.

Este jueves divulgaron una carta abierta que tiene como destinatarios a los verificadores de la tregua, Frente Amplio por la Paz, Proceso de Constituyentes por la Paz, Comunidades basadas en la Fe y Red de Universidades por la Paz, en la cual insisten en estos hechos y hacen un «balance de lo ocurrido durante estos 30 días de vigencia de nuestro gesto de desescalamiento».

Sin embargo, concluyen señalando que ratifican su decisión de «mantener el cese al fuego unilateral, a pesar de los hechos que se vienen sucediendo en distintas regiones de Colombia; pero exigimos una actitud correspondiente por parte del Gobierno para que se pueda consolidar el desescalamiento del conflicto, hasta llegar al cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo que toda Colombia reclama».

En la misiva, hacen, entre otras, las siguiente precisiones:

«Son varias las preocupaciones que deseamos exponer por su intermedio al país, en el entendido que mientras no haya definiciones claras sobre estos asuntos será muy difícil avanzar de manera expedita, en la construcción de acuerdos en la Mesa.

Es consenso nacional que ya no tiene validez dialogar en medio de las detonaciones y el ruido de los fusiles. Por eso, no se entienden estas agresiones a una guerrilla en tregua; que como es lógico, las unidades guerrilleras están en el derecho de responder apelando a la legítima defensa.

Lo más sensato por parte del gobierno es no continuar tratando de sacar ventaja militar de este gesto humanitario de la insurgencia; por ese camino, podemos terminar regresando a situaciones como las que se originaron a raíz de la masacre de guerrilleros en Guapi, Cauca»

Además señalan que «tampoco es comprensible, seguir empeñados en una estrategia de judicialización contra las Farc, mediante la fabricación de expedientes amañados» y agregan que «si de verdad se aspira a una solución política del conflicto, se hace necesario cesar este tipo de hostilidades y poner freno a la ofensiva mediática que pretende desconocer el carácter político de la insurgencia».

Luego reseñan: Informes recientes señalan que en los primeros 6 meses de 2015; fueron asesinados 69 defensores de derechos humanos, líderes políticos y sociales, 25 más sufrieron atentados, 334 fueron amenazados y 4 detenidos arbitrariamente; lo que demuestra la existencia de una política sistemática dirigida a perseguir, encarcelar y silenciar a los dirigentes sociales, líderes de movimientos alternativos y defensores de los derechos de todos los colombianos.

A lo anterior se suma el negacionismo gubernamental frente al fenómeno del paramilitarismo, que sigue siendo uno de los principales obstáculos en el camino de la paz; tal como lo demuestra la parálisis del proyecto piloto de descontaminación de explosivos en la vereda El Orejón, debido a las amenazas de los paramilitares que delinquen en el municipio de Briceño, Antioquia, a la vista de todos los pobladores; sin que las autoridades civiles, militares y de policía se den por aludidas.

Dicen igualmente que «es tiempo de analizar la situación jurídica, de los condenados y procesados por pertenecer o colaborar con las Farc y de los más de 9.000 prisioneros políticos y de conciencia, víctimas de los denominados falsos positivos judiciales. Una Colombia en paz con democracia, presupone terminar con semejante aberración. Un buen comienzo sería aliviar el terrible hacinamiento y las condiciones de reclusión, organizando patios especiales para los prisioneros políticos y de guerra».

De otro lado, haciendo relación al informe preliminar del Censo Agrario, dicen que «es oportuno retomar la discusión de las salvedades de este punto, entre las que se encuentra el tema del latifundio. No es buen precedente, negar la existencia de estos pendientes, ni incumplir los acuerdos pactados con las organizaciones participantes en el paro agrario de 2013, al tiempo que se presentan proyectos de ley que marchan en contravía de lo ya acordado, como es el caso de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidre); y se lanzan iniciativas políticas dirigidas a crear falsas expectativas en la opinión pública».

Finalmente precisan: «Como puede verse, sin que se agoten nuestras preocupaciones, son varios y complejos los temas que faltan por abordar en la Mesa, para lo que se necesita de un ambiente político apropiado, ante lo cual ratificamos nuestra decisión de mantener el cese al fuego unilateral, a pesar de los hechos que se vienen sucediendo en distintas regiones de Colombia; pero exigimos una actitud correspondiente por parte del Gobierno para que se pueda consolidar el desescalamiento del conflicto, hasta llegar al cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo que toda Colombia reclama.

En ese camino, la patriótica labor de verificación que ustedes adelantan, cobra cada día mayor importancia y se convierte en motivación para que nuevos sectores se sumen a este gran esfuerzo por derrotar la guerra y sus causas en nuestro país».