–La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a la exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Elvira Forero Hernández y la exsecretaria de la misma entidad, Rosa María Navarro, por el sonado escándalo del contrato con la Red Alma Mater, cuyo director ejecutivo, José Germán Toro Zuluaga, también será procesado disciplinariamente por el mismo hecho.

El proceso tiene que ver con el convenio interadministrativo firmado entre el ICBF y Alma Mater para prestar asistencia técnica, y profesional, a través del apoyo logístico, profesional y técnicos necesarios para el alistamiento, recolección, consolidación, procesamiento y explotación de los datos de Registro Único de Beneficiarios del ICBF de la vigencia 2011, así como el apoyo logístico y tecnológico a los procesos de capacitación de personas para su manejo.

El pliego de cargos señala que, a través de una resolución expedida en febrero de 2011, la exdirectora del ICBF habría justificado y declarado procedente celebrar dicho contrato de manera directa y bajo la figura del convenio interadministrativo, a pesar de que Alma Máter no contaba dentro de su objeto con el desarrollo de las actividades contratadas como lo exige la ley para este tipo de contratación.

Adicionalmente, esta red no tenía la capacidad, ni la infraestructura, ni la posibilidad real para desarrollar y cumplir las responsabilidades adquiridas en el convenio, por lo cual esta firma habría acudido a un tercero, en este caso la firma Fiscolombia, para que desarrollara las labores pactadas en el convenio.

El convenio interadministrativo habría sido suscrito por la entonces secretaria general, Rosa Navarro Ordóñez, previa delegación de la exdirectora del ICBF, pese a que no cumplían los requisitos legales para ello, incurriendo al parecer en falta disciplinaria.

La Procuraduría señala que igualmente se cuestiona la conducta de las señoras Forero Hernández y Navarro Ordóñez quienes al justificar y celebrar el contrato, respectivamente, habrían generado un mayor gasto para el ICBF en virtud del costo de esta intermediación y de la diferencia de valor entre el convenio y el contrato suscrito entre Alma Máter y Fiscolombia para ejercer las actividades del citado convenio.

Por último, precisa que se investiga a José Germán Toro Zuluaga, quien como representante legal de Alma Máter habría incurrido en irregularidades al suscribir el convenio interadministrativo ya citado a pesar de que no se cumplían los requisitos legales para ello, porque al parecer esta firma no podía cumplir con las actividades establecidas en el convenio.

Las conductas endilgadas a los entonces servidores fueron calificadas provisionalmente como gravísimas a título de culpa gravísima.