–El vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, informó en las últimas horas que el gobierno de este país «ha establecido un corredor humanitario para que 350 niños escolares registrados, puedan cruzar la línea y de esta manera garantizar el derecho a la educación de estos infantes».

El anuncio lo hizo en aparente repuesta a una de las condiciones que formuló la víspera el presidente colombiano Juan Manuel Santos para entablar un diálogo directo –un cara a cara–con el presidente venezolano Nicolás Maduro.

«Es importante destacar que los niños que estudian en Colombia están saliendo por el puente de San Antonio del Táchira, en autobuses, en dos horarios en la mañana y en la tarde; 350 niños, que antes salían por las trochas, están asistiendo a clases», afirmó el vicepresidente Arreaza, a la salida de la reunión que sostuvo con el Cuerpo Diplomático y representantes de organismos internacionales acreditados en el país.

Arreaza destacó que el mayor número de niños colombianos de padres colombianos —indocumentados en su mayoría—, se ubica en el municipio Pedro María Ureña (Táchira). «Estamos haciendo las coordinaciones para que puedan ir a estudiar con el acompañamiento de un representante, si son muy pequeños».

También, señaló que se les está garantizando el derecho al trabajo a los neogranadinos que viven en Cúcuta pero trabajan en empresas venezolanas ubicadas en los municipios fronterizos entre Táchira (Venezuela) y Colombia.

«Trabajadores colombianos que en Venezuela desarrollan sanamente la actividad productiva, hemos pedido a los empresarios venezolanos que nos den la nómina para que puedan entrar y trabajar en paz».

Recordó que Venezuela ha acogido con generosidad a millones de desplazados y por este éxodo sin precedentes, la población venezolana tiene 20% de ciudadanos que proceden del vecino país, hecho que no existe en ninguna otra nación del continente.

«Desde Colombia se está tratando de generar una matriz terrible sobre lo que está sucediendo, el presidente Maduro ya lo ha denunciado».

En este sentido, insistió que Venezuela continuará protegiendo a los venezolanos y los residentes de otros países, desnudando las mentiras que desde el exterior tratan de mostrar otra realidad. «Seguiremos construyendo una verdadera frontera digna y de paz para todos».

De otro lado, Arreaza dijo que el gobierno de Maduro reafirma su voluntad de construir una nueva frontera de paz con Colombia, en la que se respeten las leyes internacionales y en la que ambas naciones trabajen en conjunto para combatir el paramilitarismo, el contrabando, el secuestro y el narcotráfico, prácticas delictivas que pretenden ser inoculadas en territorio venezolano desde el país neogranadino.

En transmisión de Venezolana de Televisión, el vicepresidente ofreció un balance del encuentro con 70 representantes del cuerpos diplomáticos y organismos internacionales acreditados en el país, a fin de exponer las acciones implementadas por el Gobierno Bolivariano en la frontera del estado Táchira con Colombia, que buscan restituir la paz y la seguridad en esta región, que está siendo afectada por prácticas paramilitares y acciones de contrabando de extracción de productos venezolanos hacia la nación neogranadina, que afectan el desarrollo social y económico de Venezuela.

En el encuentro, que se llevó a cabo en el salón José Antonio Sucre de la Casa Amarilla, en Caracas, participó también el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, quien expuso a los representantes diplomáticos su recorrido, junto a representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiado (Acnur), por el sector La Invasión, ubicado en San Antonio del Táchira, el pasado 30 de agosto, en donde quedó claro que el Gobierno venezolano ha respetado en todo momento los Derechos Humanos y, dentro del marco de la Constitución y la ley, deportó a ciudadanos en situación de inmigrante ilegal.

En Táchira, específicamente en la población de San Antonio, el pasado 19 de agosto se registraron ataques paramilitares en los que resultaron gravemente heridos, por grupos paramilitares colombianos, tres soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mientras realizaban funciones contra el contrabando de extracción.

Ante estos hechos, el presidente Maduro decidió cerrar la frontera y decretar Estado de Excepción en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Viejo, Capacho Nuevo y Rafael Urdaneta del estado Táchira, y el viernes pasado, durante una concentración en Caracas, en la que venezolanos y colombianos rechazaron las acciones de paramilitarismo y la guerra económica, el jefe de Estado anunció que la medida se extendería a otros cuatro municipios: Lobatera, Ayacucho, García de Hevia y Panamericano.

Durante sus declaraciones, Arreaza señaló que Colombia no ha demostrado la verdadera voluntad política para salir adelante en este problema, y no se ha sumado a las acciones para combatir estos delitos en la frontera, afectando a su población.

Comentó que en Venezuela viven actualmente más 5,6 millones de colombianos, que llegaron huyendo de la guerra interna de colombia y que gozan de los mismos derechos que tienen los venezolanos.

«Esa situación ha generado la presencia, por desplazamiento, de 5 millones 600 mil colombianos, que han decidido venir a Venezuela como única opción para seguir viviendo con dignidad», dijo el Vicepresidente venezolano.

Asimismo, denunció que el gobierno de Juan Manuel Santos se ha negado a tomar acciones que prohíban el contrabando de productos venezolanos hacia Colombia, donde son vendidos en detrimento del pueblo de Venezuela, como es el caso de la gasolina que escasea en zonas de Táchira pero es vendido en departamentos colombianos con cobro de impuestos municipales y departamentales, es decir «el gobierno saca ganancia de la ilegalidad. Eso es inadmisible», dijo Arreaza.