“Como representante de la sociedad y de los colombianos, le pido al señor presidente de la República que acuda a las instancias internacionales. Debe exigir el presidente de la República colombiana que se desmonte esta política sistemática contra los colombianos que viven en la frontera venezolana”, manifestó hoy el jefe del Ministerio Público desde la ciudad de Bogotá.

“Se trata esto de un delito de lesa humanidad, eso se llama traslado forzado. Las últimas informaciones de Naciones Unidas, antes del cierre de la frontera en Paraguachón, dicen que han sido trasladados forzosamente cerca de 19 mil colombianos. Era previsible que esto se escalonara. Es un escalonamiento de la política sistemática del presidente Maduro contra los colombianos”, aseguró este martes el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, a propósito del cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela en el departamento de La Guajira y la crisis humanitaria que se agrava en el país como consecuencia de la política sistemática en contra de nuestros compatriotas por parte del Gobierno venezolano.

“La semana pasada estuve visitando Paraguachón y los colombianos sabían, anunciaban y esperaban esta decisión (cierre de la frontera)”, agregó, haciendo énfasis en que el presidente Juan Manuel Santos, además de las acciones diplomáticas correspondientes, debe denunciar los atropellos contra nuestros connacionales ante las instancias internacionales.

“El presidente Santos está en mora de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como representante de la sociedad y de los colombianos, le pido al señor presidente de la República que acuda también a la Corte Penal Internacional para denunciar estos actos, auténticos delitos de lesa humanidad”, puntualizó.

Igualmente reiteró su llamado al primer mandatario para que exija al presidente Nicolás Maduro el fin de las violaciones a los Derechos Humanos y la comisión de delitos de lesa humanidad en contra de los colombianos residentes en zona fronteriza.

“Debe exigir el presidente de la República colombiana que se desmonte esta política sistemática contra los colombianos que viven en la frontera venezolana. El presidente sabe lo que debe hacer, los caminos son claros, el presidente Maduro tiene la estrategia de escalar el conflicto, lo ha insinuado, lo ha dicho y lo está haciendo y creo que la respuesta del presidente colombiano, aparte de las gestiones diplomáticas que está haciendo, es precisamente acudir a la CIDH y a la CPI”, agregó.

“Ese ‘suicidio’ fue el que él nos recomendó”

Preguntado por periodistas sobre la decisión del Gobierno Nacional de descartar el referendo como herramienta para que los colombianos refrenden los eventuales acuerdos que se alcancen en la mesa de negociaciones de La Habana (Cuba) y el calificativo de “suicidio” dado por el presidente Santos a esta figura constitucional, el procurador Ordóñez aseguró que: “Ese ‘suicidio’ fue el que él nos recomendó hace dos años. Señaló cómo esa era la vía más adecuada y apropiada para la refrendación. Hay que esperar cuál va a ser la vía que nos proponen a los colombianos”.

Ante la propuesta de crear una comisión especial legislativa, calificada como “congresito”, y que tendría como fin implementar la normatividad de los acuerdos entre Gobierno y el grupo terrorista FARC, el jefe del órgano de control advirtió que ello significaría el desplazamiento del Congreso de la República y la usurpación de funciones definidas por la Constitución colombiana.

“Creo que quien debe desarrollar las normas estatutarias es el Congreso de la República. Este es el órgano dentro del Estado colombiano que tiene unas competencias insustituibles. Lo que se está haciendo claramente es desplazar al Congreso en el ejercicio de sus funciones constitucionales y creo que el Congreso debe hacer respetar sus fueros”, concluyó.

Las declaraciones del procurador general de los colombianos se dieron en desarrollo de la presentación de la investigación realizada por la Procuraduría Delegada para los Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social y del Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP) sobre las perspectivas de la política pública frente a la salud mental en Colombia y a la atención al consumo de sustancias psicoactivas, realizada hoy en la sede central de la Entidad.