Al conmemorarse el Día Nacional de los Derechos Humanos, y como resultado de un estudio realizado junto a Unicef y a otras 15 instituciones nacionales e internacionales, la Defensoría del Pueblo presentó un protocolo guía para desvincular a los menores de edad que están en el conflicto armado, como paso fundamental hacia el logro de la paz en Colombia.

El documento “Voces y oportunidades para los niños, niñas y adolescentes en la construcción de la paz de Colombia”, que no pudo ser puesto a consideración de los negociadores en La Habana por inconvenientes de agenda gubernamental, recoge datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, según la cual de los 7 millones 558 mil personas oficialmente registradas como afectadas por la confrontación, un poco más de 2 millones 300 mil son niños, niñas y adolescentes.

Bajo esta premisa y ante los hallazgos en terreno, que han evidenciado no sólo la incorporación de menores de edad en actividades de inteligencia, microtráfico, combate y hasta terrorismo, la Defensoría deja esta herramienta a disposición de las partes, y les propone avanzar en temas como el levantamiento de una base de datos confiable que establezca características como el número, la edad y el estado de salud de los niños, niñas y adolescentes en las filas de los grupos ilegales.

En el mismo sentido, se considera indispensable la entrega inmediata de los menores de 15 años, así como de aquellos que estando por debajo de los 18 presenten quebrantos de salud, se encuentren heridos o en embarazo, en el marco de un proceso progresivo hacia la desvinculación definitiva de todos los niños, niñas y adolescentes actualmente en la guerra.

Para la Defensoría del Pueblo resulta primordial que en virtud de los acuerdos a los que lleguen el Gobierno y las Farc, se establezcan mecanismos conducentes al acompañamiento psicosocial de los niños, y se identifiquen los factores de riesgo que puedan generar escenarios de revictimización en los procesos de justicia y reparación integral.

A propósito, esta iniciativa plantea acordar herramientas de justicia restaurativa para que quienes fuesen menores de 18 años al momento de cometer un delito, sean excluidos del sistema de responsabilidad penal, dada su condición de actores involuntarios dentro de las estructuras ilegales.

A juicio de la Defensoría, es necesario asegurar medidas para disminuir los niveles de impunidad, pues no se pueden repetir los errores que dejó la desmovilización de las Autodefensas, ya que desde 2005 y hasta finales de 2014 solo se habían proferido cinco sentencias condenatorias con órdenes de reparación para 449 víctimas.

Así las cosas, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones aliadas en la construcción de este protocolo, sugieren crear una Comisión Especial en la Mesa de Conversaciones con enfoque de niñez, para garantizar el principio de interés superior de los niños y niñas, acabar con el reclutamiento ilícito y proscribir toda forma de participación de la población infantil en el conflicto.