Este miércoles la fiscal octava delegada ante la Corte Suprema solicitó que se emita una medida restrictiva para salir del país al exsecretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo en el proceso se le adelanta por su presunta participación y conocimiento en el denominado escándalo de las ‘chuzadas’ del DAS.
De acuerdo con la fiscal, se debe garantizar un juicio justo, rápido y efectivo sin dilaciones, hecho por el cual se deben tomar medidas para evitar la fuga de los procesados lo que afectaría la administración de justicia.
“Con relación a Edmundo del Castillo y Diego Álvarez Betancour debe indicar la Fiscalía que si bien los dos tienen fijado su domicilio en Colombia ambos reportan varios registros migratorios recientes circunstancia indicativa de la posibilidad para salir del país”, afirmó la fiscal en su intervención.
A lo anterior, agregó: “Edmundo del Castillo registra 139 movimientos migratorios con múltiples destinos entre ellos los Estados Unidos, varios países de Centroamérica, Sudamérica y Europa. El último registro corresponde a esta anualidad el 27 de marzo cuando salió del país desde ElDorado con destino a Londres”.
Por otro lado, el abogado Diego Álvarez Betancour registra 50 movimientos migratorios con múltiples destinos a los Estados Unidos y Panamá. El último corresponde al pasado 20 de abril saliendo desde el aeropuerto ElDorado con destino a Nueva York y regresando el 26 de abril siguiente.
Por estos registros migratorios, la fiscal solicitó una medida no restrictiva de la libertad a los dos procesados bajo una restricción para salir del país. Debido a que no tienen antecedentes penales o disciplinarios no se cumplen los requisitos para solicitar que sean enviados a la cárcel.
“Teniendo en cuenta que a pesar de inferir razonablemente la falta de voluntad de los implicados para someterse a la justicia, la real posibilidad para abandonar el país en su caso la restricción del derecho de libre circulación fuera del territorio nacional permitirá a las autoridades garantizar su comparecencia y lograr la materialización de la sanción que eventualmente pudiese llegar a imponérseles”, manifestó la fiscal.
Por último, la fiscal señaló: “La realización de fines legítimos como la efectividad de la justicia se pueden lograr sin acudir a la privación de la libertad como medida cautelar durante el transcurso del proceso”.
