La noche del 10 de septiembre de 2011, el líder opositor venezolano Leopoldo López fue condenado por la justicia de su país a una pena de 13 años y 9 meses de prisión, tras 19 meses de arresto y un proceso de 71 audiencias reservadas, al imputarle delitos y conductas que no realizó, ni instigó.

Las condiciones de arresto, reclusión y juzgamiento a las que fue sometido Leopoldo López son violatorias de los derechos humanos. Su confinamiento en la prisión de Ramo Verde no ha sido menos que infrahumana, al igual que el hecho de adelantarle un proceso de manera reservada, desconociendo las mínimas garantías y derechos sobre los que se basa el debido proceso, lo que confirma la ilegitimidad de su condena.

Cuando los Estados utilizan el aparato judicial como un brazo más del poder autoritario y como herramienta de castigo político, las bases de la democracia se ven socavadas y las heridas en la sociedad son difíciles de cerrar por la pérdida de legitimidad y credibilidad en las instituciones, sobre todo aquellas encargadas de administrar justicia de manera imparcial.

Lamento profundamente el hecho de que estos atropellos se sigan presentando en Estados que se precian de ser democráticos, y que en pleno siglo XXI, tras las difíciles luchas sociales y políticas que lograron la justicia, la igualdad y la legalidad, Leopoldo López siga siendo una víctima por el simple hecho de ser opositor.

El comportamiento del régimen de Nicolas Maduro evidencia una vez más su talante opresor, oprobioso y dictatorial. Deja su proceder absoluta claridad en la violación sistemática de la carta democrática de los instrumentos internacionales de derechos humanos y de todas las libertades individuales, razón por la cual ningún país democrático puede ser indiferente ante tanta crueldad.

En mi calidad de Senador de la República hago un llamado al gobierno colombiano para que exprese su posición ante la infame condena, luego de un proceso unilateral y sin garantías, con el cual se ha condenado a un opositor político que ha defendido sus ideas y principios a través de los canales democráticos.

Esta situación es inaceptable en cualquier Estado, y todos los gobiernos democráticos, los defensores de derechos humanos, los parlamentos y la comunidad internacional, en su conjunto deben elevar su más sentida voz de protesta por esta situación y vigilar la integridad, seguridad y responsabilidad interna e internacional que le asiste al Estado venezolano con Leopoldo López como ser humano, ciudadano y contradictor político democrático.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

Senador de la República de Colombia