–La Defensoría del Pueblo se identificó con el criterio de los representantes de los países garantes en La Habana en el sentido de que la creación de una jurisdicción especial para la paz acordada por el gobierno con las Farc, responde a la necesidad de que no haya impunidad.

El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez emitió al respecto una declaración, en la cual califica como un paso firme e histórico hacia la superación del conflicto armado interno este pacto sobre justicia y advierte que se trata de un esfuerzo para equilibrar las necesidades del proceso de negociación con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y las expectativas de la sociedad.

Otálora Gómez afirma que valora el acuerdo de justicia transicional en el proceso de paz como un esfuerzo equilibrado hacia el fin del conflicto.

En este sentido, el jefe del organismo de control consideró que la creación de una jurisdicción especial para la paz responde, como lo anunciaron los representantes de los países garantes desde La Habana, a la necesidad de que no haya impunidad, y de que a la luz de medidas alternativas se adopten decisiones de carácter reparador y restaurativo en favor de las víctimas.

Otálora Gómez destacó la conformación de una sala de justicia y un tribunal especial con la participación de magistrados de alto nivel para analizar la comisión de delitos en el marco de la confrontación armada, y aseguró que dicho mecanismo constituye una garantía para establecer sanciones razonables de acuerdo con la gravedad de las conductas investigadas.

El titular del ente rector de los derechos humanos en Colombia, exaltó los acuerdos alcanzados para excluir de una amnistía o indulto los delitos de lesa humanidad, el genocidio, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada y la violencia sexual.

El Defensor del Pueblo insistió en que las víctimas son en sí mismas el eje legitimador del proceso de paz y que por eso las medidas de justicia restaurativa deben satisfacer sus derechos, como lo establece el documento refrendado por las partes en Cuba.

Otálora Gómez agregó que desde su misión constitucional como Defensor, seguirá con atención el proceso de implementación de los acuerdos y vigilará el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno y las Farc en materia de justicia.

Finalmente, el Defensor del Pueblo valoró el anuncio de una fecha cierta para la firma del acuerdo final, pues se trata del mayor anhelo de los colombianos, que particularmente en las regiones apartadas del país, han sufrido el rigor de la confrontación armada.