–El gobierno colombiano hizo un nuevo llamado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, para que sea abolida la pena de muerte y la cadena perpetua para las personas detenidas por narcotráfico, al igual que el confinamiento de los consumidores de drogas en centros de detención y la imposición de trabajos forzados para los mismos.

“Para Colombia resulta inadmisible que centenares de personas, dentro de los cuales hay decenas de compatriotas, se encuentren en cárceles alrededor del mundo enfrentando cadenas perpetuas o sentencias de muerte por delitos relacionados con drogas”, afirmó ante el organismo internacional Javier Flórez, Director de Política de Drogas del Ministerio colombiano de Justicia.

“También es difícil de aceptar que a los usuarios problemáticos de drogas se les confine en centros de detención como medida para su tratamiento, o que se impongan trabajos forzados a aquellos consumidores que enfrentan un problema de salud”, complementó el representante colombiano en una sesión del Consejo encabezada por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein y la presencia de las delegaciones de 160 países miembros de la ONU, en la cual fue presentado el Informe sobre Drogas y Derechos Humanos.

Esta es la segunda vez que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos plantea la eliminación de la pena de muerte y la cadena perpetua en casos de narcotráfico.

En mayo pasado lo hizo a través del ministro de justicia, Yesid Reyes, al demandar una nueva política contra las drogas por considerar que la guerra librada hasta ahora no había dado resultado.

«El consumo de drogas debe ser abordado desde una perspectiva de salud pública», dijo entonces ante la ONU el ministro Reyes, quien subrayó que esto implicaba «poner énfasis en la prevención, no estigmatizar a los usuarios, reconocerles sus derechos y adoptar medidas que reduzcan el daño asociado a los usos problemáticos».

En el mismo sentido se pronunció en esta oportunidad el director de Política de Drogas Javier Florez, quien señaló que la estigmatización de los consumidores, las medidas de represión frente a las adicciones y los castigos de pena de muerte para las personas detenidas por narcotráfico, son algunas de las consecuencias “inadmisibles” que ha traído la lucha contra las drogas y que deben acabarse.

El vocero del gobierno colombiano señaló que la política de drogas no debe ser evaluada por sus buenas intenciones, sino por sus resultados y que el mundo debe abogar para que los Derechos Humanos sean el eje fundamental de una nueva estrategia.

El Director de Drogas de Colombia advirtió que el enfoque punitivo, además, ha aumentado la vulnerabilidad de los usuarios de drogas, alejándolos de los servicios de salud y criminalizándolos.

Dijo que incluso hoy “millones de personas no pueden acceder a medicamentos esenciales para el control del dolor por cuenta, en muchos casos, del régimen de fiscalización”.

El alto funcionario señaló, durante la presentación del Informe sobre Drogas y Derechos Humanos que se realiza en Ginebra (Suiza), que actualmente hay una oportunidad histórica para responder de manera más eficiente y humana a un problema que afecta a millones de personas y que ha tenido graves costos e impactos en América Latina.

Para finalizar, Javier Flórez afirmó que los países como Colombia, que han sufrido por este flagelo, quieren ser parte del debate: “La lucha que como país hemos dado frente a este fenómeno nos da la legitimidad para discutir sobre el impacto del problema mundial de las drogas y las estrategias para hacerle frente. Y estamos dispuestos a ser parte de este debate”.