A pesar del fuero que tiene el Fiscal General de la Nación y con el que ha justificado ante la opinión pública sus excesos de poder, el Jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordoñez Maldonado anunció la creación de una comisión especial que se dedicará a investigar las supuestas irregularidades en los multimillonarios contratos adjudicados a ‘dedo’ por Montealegre a varios funcionarios de la entidad.

En una entrevista radial, el funcionario aseguró que en la Procuraduría General de la Nación reposan al menos 10 quejas por irregularidades en contratación con la adjudicación de millonarias sumas de dinero para asesorar al organismo en diverso procesos, que serán “estudiadas” con lupa.

“Se han recibido cerca de 10 quejas sobre esos temas y habrá de investigar a los funcionarios administrativos”.

Ordoñez Maldonado dijo que analizará si es viable abrir las investigaciones disciplinarias en contra de los funcionarios de la Fiscalía que no son aforados y que podrían estar inmersos en irregularidades que afecten directamente el patrimonio de la Nación.

El procurador dijo que, a propósito de contratos, recordó un episodio de hace seis años.

Según dijo, él estaba en un auditorio de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga cuando recibió la llamada del presidente Juan Manuel Santos. En ella, el mandatario le decía que si bajo el «paraguas jurídico de la Procuraduría» podía vincular a Baltasar Garzón, juez español.

El jefe del Ministerio Público aseguró que en ese momento pensó: «es un delincuente, condenado por le estado español por interceptar conversaciones de abogados», razón por la cual le dijo no al presidente. «Yo cierro el paraguas. Yo no vinculo al juez Baltasar Garzón», dijo Ordóñez que le respondió al jefe de Estado. Hoy, Baltasar Garzón trabaja como contratista de la Fiscalía General de la Nación.

El procurador consideró insólito que un «delincuente asesore a la Procuraduría» como contratista de un órgano de control. Frente a la pregunta referente sobre quién juzga al fiscal, el procurador señaló que si bien el jefe del ente acusador es un aforado, es el Tribunal de Acusaciones quien debe investigarlo, más allá del debate acerca de si este último organismo sirve o no.

En su diálogo con diferentes medios de comunicación, el procurador Alejandro Ordóñez insistió en la necesidad de reclusión efectiva para los máximos responsables de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidios y otros crímenes atroces; así como en la importancia de priorizar a las víctimas en los eventuales acuerdos que se alcancen en La Habana.

«A la paz debemos llegar privilegiando a las víctimas. La paz es fruto de la justicia».

Finalmente, el jefe del órgano de control anunció que el funcionario de la Procuraduría vinculado a un posible acto de corrupción, que también involucra al exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz, ya no hace parte de la Entidad.

«Ayer firme la insubsistencia de ese funcionario, ya no es procurador judicial».

La Procuraduría General de la Nación, a través de su Veeduría, investiga las conductas atribuidas a dicho exprocurador judicial administrativo.