–La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta para evitar una tragedia en el municipio de Puente Quetame, en el departamento de Cundinamarca, como consecuencia de la explotación de minerales que se realiza en el río Rionegro y los efectos de las excavaciones y detonaciones para la construcción de la doble calzada Bogotá-Villavicencio.

El organismo estableció que funcionarios de la regional Cundinamarca pudieron corroborar la difícil situación que enfrenta la comunidad por cuenta del agrietamiento sistemático de 29 casas y por ello solicitó la reubicación inmediata de 78 personas en alto riesgo por los deslizamientos de tierra.

Además, la Defensoría instauró una acción popular con el fin de proteger el derecho a la vida, a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles, a una vivienda digna y al trabajo de los habitantes, quienes advierten que las obras realizadas durante la construcción de la doble calzada, particularmente las implosiones en el túnel, han deteriorado sus viviendas en el último año.

La comunidad también asegura que los trabajos de dragado del río Rionegro, para extracción de minerales, han generado grietas que literalmente atraviesan los 29 inmuebles más afectados y reporta permanentes derrumbes que deterioran frecuentemente las viviendas aún habitadas.

Según el censo preliminar realizado por la Defensoría, con el acompañamiento de la Personería municipal, la situación de deterioro de las casas afecta directamente a 13 adultos mayores, 15 niños menores de 14 años y otros 50 pobladores que están ubicados en la ladera izquierda de la ribera.

La Defensoría del Pueblo instó a las autoridades competentes y a la empresa concesionaria de la vía Bogotá – Villavicencio (Coviandes) para que de manera urgente realicen las obras de mitigación ante el impacto ocasionado por la construcción, que afecta los derechos fundamentales de por lo menos 78 personas, incluyendo el derecho a la vida, a una vivienda digna y al derecho al trabajo.

La Entidad aclara que no se opone a la construcción de obras de infraestructura, que permiten el desarrollo económico y social del país, pero advierte que ello no puede afectar el bienestar de las comunidades aledañas a las zonas donde se desarrollan dichos proyectos.

Por lo tanto, afirma, resulta imperativa la reubicación de los 78 habitantes en máximo riesgo y la búsqueda de alternativas de sustento de quienes dependen económicamente de las actividades que desarrollan en esos predios, toda vez que además del riesgo de perder sus viviendas con el nuevo trazado de la vía varios perderán su actual mecanismo de subsistencia.