Bogotá

Reprograman imputación de cargos contra la alcaldesa de Bosa por irregularidades en contratos

fiscalia

Para el 6 de noviembre se reprogramó la audiencia en la cual la Fiscalía General le imputará cargos a la alcaldesa local de Bosa, Diana Calderón Robles, por su supuesta participación en las irregularidades en la celebración de un convenio que tenía como objetivo la realización del festival cultural en la localidad en el mes de noviembre.

De acuerdo con un informe de la Contraloría Distrital, se advierte que se habrían presentado sobre costos en este y otros dos convenios para la realización de actos culturales. En el mismo se indica que la contratación se hizo de manera directa incumpliendo los principios de transparencia que se exigen tras omitir la licitación.

Según la Fiscalía, entre 2014 y los primeros seis meses del 2015 se firmaron alrededor de 160 contratos por un valor cercano a los 35 mil millones de pesos relacionados con vigilancia y seguridad, así como de cultura y entretenimiento.

Por ejemplo, una Fundación recibió 42 contratos, al parecer sin adelantarse licitación pública, por 7 mil millones de pesos. Mientras que otra asociación fue beneficiaria de 35 contratos por seis mil millones de pesos.

Cabe mencionar que el ente acusador ha tenido en cuenta los informes de veeduría en el que se advierte de las falencias en la forma de contratación, así como los sobrecostos en la adquisición de cámaras de seguridad. En este punto se señala que se presentaron falencias por 198 millones de pesos.

Fuentes consultadas por el diario El Espectador en la Alcaldía de Bosa aseguraron que estos convenios de concesión fueron legales y acordes a la ley, señalando que la queja fue presentada por el contratista que celebró contratos en los últimos 18 años con la administración local y es cercano a un concejal de la misma.

De igual forma, afirmaron que nunca se celebró un contrato por 35 mil millones de pesos como lo indica el informe de la Contraloría de Bogotá.

En el documento de la Veeduría también se revelan detrimentos patrimoniales en otras alcaldías locales reseñando que el 44% de la contratación se ha hecho a dedo.