Este lunes la Procuraduría General de la Nación denunció que después de casi 5 años de la tragedia de Gramalote, Norte de Santander, ningún damnificado tiene una vivienda, por lo que sería uno de los ejemplos del ‘fracaso de la institucionalidad”.

Según el procurador delegado para asuntos territoriales, Carlos Augusto Meza, el proyecto de urbanismo está encaminado para 400 personas de las 620 que han sido reconocidas como víctimas en este hecho.

De acuerdo con la Procuraduría, 111 familias que dicen que tienen derecho, no han sido reconocidas por lo que la afectación se aumenta teniendo en cuenta las garantías que debe brindar el Estado en esta situación.

Para el Ministerio Público, existen además irregularidades en la construcción de la nueva Gramalote, como la no inclusión de una cancha de fútbol y las demoras que se han presentado para adelantar este proyecto tras la tragedia que destruyó a este municipio.

Por último, la Procuraduría advierte que simultáneamente a las acciones disciplinarias que ya están adelantando, está brindando las garantías a las personas damnificadas con los servicios básicos y sus derechos fundamentales.