Fiscalía: De 114 mil candidatos, 103 son investigados por vínculos con grupos armados y hasta por delitos sexuales
–Como para un nuevo récord Guinness, de los 114 mil candidatos inscritos para las elecciones territoriales o regionales que se cumplirán el próximo domingo en Colombia, 103 están siendo investigados por vinculaciones con organizaciones criminales armadas y hasta por demandas de alimentos y delitos sexuales.
La cifra equivale al 90 por ciento de los aspirantes a ser elegidos alcaldes, concejales, gobernadores y diputados, según lo estableció desde la ciudad de Barranquilla el vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdo.
De paso, partidos y movimientos políticos se ven comprometidos en las irregularidades por haber avalado a sujetos con antecedentes judiciales o incursos en los diferentes delitos, esto es, sin previamente haber certificado la idoneidad y corrección de los aspirantes a cargos de elección popular.
En agosto pasado, la Procuraduría General de la Nación reportó al Consejo Nacional Electoral una lista de 729 candidatos que en su concepto estaban inhabilitados para ser elegidos por pesar sobre ellos sanciones disciplinarias.
Tras revisar los antecedentes de cada uno de los candidatos inscritos, el Ministerio Público le pidió a la máxima autoridad electoral del país revocar los avales a estos candidatos.
De los 729 candidatos que aparecieron reportados en la base de datos del Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI), uno aspiraba a gobernación, 16 a Asambleas, 14 a alcaldías, 578 a Concejos, y 120 a juntas administsradoras locales, JAL.
Hasta ahora, no se ha conocido un pronunciamiento formal del Consejo Nacional Electoral sobre estos casos.
Sobre el otro grave problema electoral, la trashumancia o trasteo de votos, el vicefiscal Perdomo confirmó que hasta el momento han sido capturados 35 candidatos comprometidos con este delito electoral, además de algunos funcionarios públicos cómplices, entre los cuales destacó el caso de de la registradora del municipio de Puerto Colombia, en el departamento de Atlántico, quien comenzó a ser procesada por ese hecho.