A indagatoria 14 militares por tortura a sobrevivientes en la retoma del Palacio de Justicia

–La Fiscalía General de la Nación citó a indagatoria a 14 militares, entre ellos un general y un coronel, dentro de un proceso por tortura a 11 sobrevivientes, tras la «retoma» del Palacio de Justicia entre los días 6 y 7 de noviembre de 1985.

El llamado a indagatoria, que cobija a los militares que entonces hacían parte de los servicios de inteligencia del Ejército, tiene que ver con la forma como trataron de sacarles confesiones a 9 trabajadores y a 2 estudiantes de la Universidad Externado– Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo–, en torno a la sangrienta «toma» ejecutada por un comando de 35 guerrilleros del llamado movimiento 19 de abril, M-19.

Entre los llamados a responder dentro de este proceso están el general(r) Iván Ramírez Quintero, excomandante del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército (Coci), el coronel en retiro Edilberto Sánchez Rubiano, excomandante del B2, el general Rafael Hernández López, William Vásquez Rodríguez, Ferney Causaya Peña, Fernando Nieto Velandia, Antonio Rubay Jiménez Gómez, Fernando Blanco Gómez, Gustavo Arévalo Moreno, Bernardo Garzón Garzón, Luis Carvajal Núñez, Eliseo Peña Sánchez, Alberto Fracica Naranjo y Antonio Buitrago Tellez.

Los militares deberán comparecer ante la unidad de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, la cual tiene a su cargo la investigación.

Los estudiantes, Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo, que entonces tenían, respectivamente, 21 y 20 años de edad, se encontraban en el Palacio en el momento del asalto guerrillero, pero lograron salir ilesos y como todos los demás sobrevivientes, en desarrollo de la recuperación del Palacio de Justicia, fueron trasladados a la Casa del Florero o del 20 de Julio y luego llevados a instalaciones militares al norte de la capital de la República para ser interrogados como supuestos integrantes del grupo guerrillero que ejecutó la «toma».

La decisión de activar el proceso relacionado con el Holocausto del Palacio de Justicia se produce en medio del revuelo y la confusión causada por la identificación de 3 mujeres desaparecidas, hecho que a su vez significó la desaparición de dos víctimas que habían sido erróneamente identificadas.

A propósito de uno de los militares llamados a indagatoria, el sargento viceprimero Antonio Rubay Jiménez Gómez, este rindió una declaración ante el juez 55 penal de Bogotá — hace un año, coincidencialmente en días previos a conmemorarse 29 años del Holocausto–.

Entonces aseguró que en ningún momento recibieron ordenes para secuestrar y mucho menos para desaparecer a las personas que eran liberadas del Palacio de Justicia.

Sostuvo que el día de la toma fue desplazado al lugar junto a varios miembros del B-2 del Ejército con órdenes precisas de instalar un puesto de control en la Casa- Museo del Florero.

«Llegamos al sitio y el señor coronel nos ubicó en un parque que queda junto a la Casa del Florero y estando allí nos dio órdenes de vigilar (…) me dijo que me encargara de los radios que iban a utilizar. Que estuvieran QAP, es decir que estuvieran listos”, señaló.

A su turno, el sargento viceprimero en retiro, Ferney Causallá Peña, dijo que nada tuvo que ver actividades de recolección de información e identificación de las personas que eran liberadas del Palacio de Justicia. Es más, aseguró que nunca tuvo contacto con los «detenidos» en la casa-museo.

“El día 7 de noviembre de 1985 a las horas de la tarde me limité a cumplir la orden de llevar unos radios de dotación del B-2 del Ejército hasta las instalaciones de la Casa del Florero, función que debía cumplir por cuanto estos equipos son de uso exclusivo de las Fuerzas Militares por lo cual no se puede delegar esa responsabilidad a cualquier persona», indicó y agregó:

“No existe una declaración en este proceso por parte de mis compañeros donde se diga que me vieron recibiendo personal, ni interrogando, ni realizando ningún tipo de listas o identificaciones en la Casa del Florero, mi único motivo de estar allí era la entrega de los radios”.

A propósito del Palacio de Justicia, hace también un año la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), condenó al Estado colombiano por desapariciones y torturas, en este último hecho, de 4 sobrevivientes.

En su fallo, el alto tribunal internacional estableció que “existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19”.

Agregó que “los sospechosos eran separados de los demás rehenes, conducidos a instituciones militares, en algunos casos torturados, y su paradero posterior se desconocía”.

La Corte estableció que once personas fueron desaparecidas, una guerrillera, tres visitantes casuales, y ocho trabajadores de la cafetería y, añadió que cuatro personas más fueron torturadas en guarniciones militares.

Las once personas desparecidas reseñados por la Corte son: Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla, Gloria Anzola de Lanao, el magistrado Carlos Horacio Urán Rojas e Irma Franco Pineda.

En los casos de Carlos Augusto Rodríguez Vera, el administrador de la cafetería, e Irma Franco Pineda, guerrillera del M-19, afirma que fueron separados de los demás sobrevivientes, conducidos a una guarnición militar, torturados y desaparecidos.

En la condena la Corte no endilgó responsabilidad al Estado colombiano en los casos de Norma Constanza Esguerra Forero y Ana Rosa Castiblanco Torres, pues señala que existían indicios que apuntaban a que su fallecimiento se dio dentro del Palacio de Justicia durante la toma y retoma.

Sin embargo, sí le condenó por no garantizar su derecho a la vida y por no determinar el paradero de Ana Rosa Castiblanco Torres por más de quince años (sus restos fueron encontrados en una fosa común del Cementerio Sur en 2001) y de Constanza Esguerra Forero hasta la actualidad.

La Corte advirtió además que bajo la dirección de funcionarios militares, las autoridades alteraron gravemente la escena del crimen y cometieron múltiples irregularidades en el levantamiento de los cadáveres.

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