–Un abierto respaldo a la posibilidad de que el gobierno nacional decrete un cese bilateral del fuego con las Farc a partir del primero de enero de 2016 o antes, dio el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre.

El pronunciamiento lo hizo el Fiscal General desde Washington a propósito del anuncio hecho por el propio presidente Juan Manuel Santos al aceptar la propuesta que en este sentido le hizo el máximo cabecilla de las Farc Timoleón Jimenez, alias «Timochenko» como un regalo de navidad o de año nuevo a los colombianos.

Como lo informamos oportunamente aquí en la web www.radiosantafe.com, Santos le pidió este miércoles a la guerrilla de las Farc acelerar las negociaciones sobre el punto 5 de la agenda relativo al fin del conflicto, para decretar el cese bilateral definitivo del fuego, verificable internacionalmente, a partir del primero de enero de 2016.

“Hagamos ese esfuerzo para que, de aquí al 31 de diciembre podamos, por ejemplo, terminar el punto 5, el del fin del conflicto, y así poder decretar un cese al fuego bilateral verificable internacionalmente a partir del primero de enero (2016)”, precisó el mandatario colombiano.

El fiscal Montealegre Lynett destacó que desde el punto de vista juridico, el cese bilateral al fuego es el paso que debe seguir en el proceso del desescalamiento del conflicto armado colombiano.

Por esto–dijo–, el Congreso deberá darle al primer mandatario la posibilidad, a través de una ley de facultades especiales, que le permita solicitar a la Fiscalía la suspensión de las órdenes de captura no solo de los representantes de las Farc sino de las bases y los combatientes.

Agregó que una vez que se logre un acuerdo, el nuevo paso importante es que el Congreso le otorgue la facultad para que le solicite a la Fiscalía la suspensión de las órdenes de captura para todos los miembros de la guerrilla, es decir, La base y los eventuales desmovilizados de las Farc.

En esta ley se podrá solicitar la suspensión de órdenes de captura, mas no de las investigaciones, advirtió Eduardo Montealegre.

El fiscal se encuentra en Estados Unidos, donde ha cumplido una intensa agenda especialmente relacionada con el proceso de paz que adelanta el gobierno colombiano con las Farc en La Habana y los acuerdos hasta ahora logrados.

Este miércoles el Fiscal se reunió con integrantes de “Diálogo Interamericano” con el propósito de explicarles la nueva metodología implementada por la Fiscalía para la investigación de la macrocriminalidad y el conflicto armado en Colombia.

Al encuento asistieron expertos internacionales en derechos humanos y delegados de ONG’s como Humans Right Watch.

Diálogo Interamericano es el más prestigioso centro de pensamiento en Washington con líderes que promueven en América Latina y el Caribe la justicia, la paz, la democracia y la lucha contra la impunidad.

El Fiscal colombiano presentó en este encuentro los resultados de una macroinvestigación realizada sobre crímenes de guerra y lesa humanidad atribuidos al Eln.

Además de 1.317 ataques terroristas ejecutados contra la infraestructura petrolera desde los años 1986 y 2014, se adelantan investigaciones contra los cabecillas del grupo guerrillero por 4.894 secuestros, 930 reclutamientos ilícitos, 5.391 homicidios, 2.989 desplazamientos forzados, 87 casos de violencia basada en género y 1.450 infracciones al Derecho Internacional Humanitario DIH. En total las bases de datos de la Fiscalía contienen 15.741 procesos contra integrantes del Eln.

Este jueves Montealegre Lynett se dispone a presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington un balance de los avances en la investigación en el conflicto armado colombiano por graves violaciones a los derechos humanos, especialmente frente a los máximos responsables.

Al respecto el Fiscal General indicó que se trata de un informe sobre los avances de las investigaciones no solo contra las Farc y contra el otro grupo guerrillero colombiano autodenominado Ejército de liberación nacional, Eln, sino también contra los miembros de la Fuerza Pública y además contra los favorecedores del paramilitarismo, contra el entorno del paramilitarismo en Colombia».

«Queremos entonces hacer un gran balance de la actualidad y de la vigencia y del interés que tiene la Fiscalía General de la Nación en impulsar las investigaciones por graves violaciones a los Derechos Humanos de todos los actores del conflicto», precisó el Fiscal.

En el mismo sentido el Fiscal General anunció que las investigaciones están dirigidas en contra de los miembros del Secretariados de las Farc, así como contra los miembros del comando central (coce) del Eln y contra otros actores del conflicto.

“La idea era que en este semestre la Fiscalía General de la Nación formulara imputaciones contra el Secretariado y contra altos dirigentes de las Farc por las graves violaciones a los derechos humanos», advirtió Montealegre.

Sin embargo–añadió– frente a los últimos desarrollos de la Habana, frente al acuerdo que hace algunas semanas alcanzó el Gobierno Nacional con la insurgencia en Colombia, vamos a diferir las imputaciones porque ahora nuestra meta es adaptar las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación a lo que sería el nuevo modelo de justicia transicional, por esa razón las imputaciones se van a suspender pero las investigaciones serán su curso».

Subrayó que el hecho de que se suspendan las imputaciones contra el secretariado no significa que se van a suspender las investigaciones.

«De ninguna manera–continuó diciendo–, ahora más que nunca debemos impulsar las investigaciones contra las Farc, con la finalidad de que el próximo año, en el segundo semestre, cuando entre a funcionar la jurisdicción especial de paz, podamos presentar los consolidados y los resultados de las investigaciones contra las Farc por graves violaciones a los Derechos Humanos”.

El Fiscal General aclaró que la decisión de suspender las imputaciones la hizo al considerar que los acuerdos de la Habana tienen una fuerza jurídica, tienen un valor normativo y no simples hechos políticos, ya que al firmarse definitivamente los acuerdos en la Habana, van a tener fuerza vinculante para todos los estamentos del Estado, que involucrarán también al aparato judicial del Estado.