–La Procuraduría General de la Nación solicitó al gobierno nacional considerar la posibilidad de declarar Estado de Emergencia Económica, Social, Ecológica o de Calamidad Pública, para mejorar la capacidad de reacción del Estado frente a los graves daños ambientales causados por la época de sequía que afronta el país.

El propósito, según el ministerio público, es el de contrarrestar los graves efectos climatológicos producidos por el fenómeno de «EI Niño» y mitigar las consecuencias adversas a la ciudadanía y el ambiente por la variabilidad climática que viene padeciendo el territorio nacional.

La Procuraduría solicitó directamente al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo López, que estudie y analice la posibilidad de poner a consideración del presidente de la Republica y los demás ministros de Despacho la declaratoria del Estado de Emergencia prevista en el artículo 215 de la Constitución Nacional.

Dicha petición, realizada a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, busca atender los hechos relacionados con el clima que en la actualidad amenazan y perturban el orden ecológico, económico y social del país, además de mejorar la capacidad de reacción del Estado frente a los graves daños ambientales causados por la sequía.

Éste órgano de control considera que la capacidad de la administración, ante situaciones de la naturaleza no previstas o no prevenidas, puede llegar a ser rebasada por la magnitud de las mismas y es allí dónde surge la necesidad de analizar la viabilidad de adopción de medidas excepcionales que permitan conjurar las injerencias ya descritas.

Tal variabilidad climática a la que viene siendo sometido el país, ha causado un sin número de impactos de diversa índole relacionados con el ambiente, la economía y el componente social, lo cual es cada vez más evidente, porque se pasa de olas invernales e inundaciones, a fenómenos inclementes de intensa sequía.

El Ministerio Público presentó esta petición en virtud de las competencias constitucionales y legales otorgadas en ejercicio del control preventivo y de gestión establecido en el artículo 277 constitucional y los artículos 23 y 24 del Decreto 262 de 2000.