Cerca del 14% del territorio del país ha sido abandonado u ocupado por la fuerza durante el conflicto armado, afectando en particular a comunidades indígenas y negras, según un informe de Amnistía Internacional (AI) divulgado este miércoles.

«Al menos ocho millones de hectáreas de tierras (aproximadamente el 14% del territorio de Colombia) han sido abandonadas o adquiridas por la fuerza como consecuencia del conflicto», señaló la ONG de defensa de los derechos humanos.

«Estos abusos y violaciones de derechos humanos han estado dirigidos sobre todo contra las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas», agregó en el reporte «Colombia: restituir la tierra, asegurar la paz».

Más de seis millones de personas han sido desplazadas durante el conflicto armado interno, que desde los años 1960 ha enfrentado a guerrillas, paramilitares y agentes del Estado.

Según AI, «el acceso a tierras ricas en recursos y el uso de esas tierras es una de las cuestiones más cruciales en las negociaciones de paz» entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc.

«Cualquier acuerdo de paz carecerá de sentido a menos que se prioricen los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes a regresar a sus tierras», dijo Erika Guevara, directora del Programa Regional para América de AI, citada en un comunicado.

La restitución de tierras adquiridas por medio de violencia, intimidación y corrupción «ha avanzado con gran lentitud», indicó por otra parte la ONG sobre una ley de 2012 que busca retornar a sus dueños los terrenos ocupados durante la conflagración interna.

El informe destaca los dos únicos casos en los que la justicia retornó sus tierras a dos comunidades: el de Alto Andágueda (Chocó, unas 1.400 familias), en septiembre de 2014, y el de Renacer Negro (Cauca, 762 familias), en julio de 2015.

«AI ha documentado numerosos casos en los que miembros de las comunidades que intentan oponerse a intereses mineros exteriores y reclaman su derecho a su propia minería artesanal y otros derechos territoriales han sido objeto de amenazas, desplazamiento forzado u homicidio», dice el informe, que acusa a las autoridades de practicar una «política deliberada para expulsar a la población de las zonas ricas en recursos naturales».

Muchas de las personas que abandonaron el campo lo hicieron «después de años de amenazas y homicidios», agrega.

En Colombia hay 1,4 millones de indígenas, de los cuales más del 70% viven en zonas rurales, y entre cuatro y 10 millones de colombianos se consideran afrodescendientes, según los datos oficiales recogidos en el informe.AFP