El Concejo de Bogotá solicitó detener la implementación de la Resolución 366 del 10 de abril de 2015, la cual adopta las normas específicas para la renovación urbana del sector de San Victorino,ya que consideran que se generaría un detrimento patrimonial.

De acuerdo con el Concejo, se sigue dilatando el Programa de Renovación Urbana (22 años) y no es clara la destinación de los contenedores, tampoco hay un análisis de costo eficiencia de la medida y puede generar retrasos en el plan de implantación de la manzana 22.

Este proyecto comprende 41 manzanas, donde hay 9.094 habitantes para un área de 3.555 que componen 20 predios y 119 hogares.

“Presenta riesgos de seguridad humana: no “requiere” licencia de construcción. Las divisiones son en superboard, no tiene las medidas de seguridad industrial sobre sistema de redes eléctricas. No hay análisis de costo-eficacia: No hay evidencia y estudios sobre el impacto de contenedores y formalización de ventas”, denunció el concejal Miguel Uribe Turbay.

Según el cabildante Turbay, no hay criterios para seleccionar a los comerciantes y fabricantes del sector y hay incertidumbre sobre el canon de arrendamiento, las cuotas de administración y las tarifas que deben pagar.

Cabe mencionar que la Empresa de Renovación Urbana denunció que personas haciéndose pasar por funcionarios del Distrito engañaban a los interesados en arrendar contenedores en el proyecto San Victorino Centro Internacional de Comercio Mayorista.

El lote donde se adelanta ese proyecto en San Victorino, según el Distrito, busca dar soluciones temporales a los vendedores ambulantes de la mano del Instituto para la Economía Social (IPES).