La exministra Marta Lucía Ramírez presentó denuncias formales ante la Procuraduría por presuntos entorpecimientos a su campaña presidencial de 2014 por los entonces magistrados del Consejo Nacional Electoral – CNE.

Ramírez radicó las denuncias para que se investigue la conducta de los entonces magistrados del CNE que avalaron un documento que dejaba sin validez la Convención Conservadora que daba vía libre a su candidatura presidencial por las huestes azules.

Durante esa contienda electoral, se dio una profunda división al interior del conservatismo, debido a la insistencia de algunos sectores a tener candidato propio o apoyar la reelección.

Cuando se realizó la convención nacional, salieron a flote las diferencias, los reeleccionistas se retiraron del evento y Ramírez fue elegida como candidata oficial del partido, decisión que fue demandada ante el CNE.

Aunque el Consejo Nacional Electoral en la Resolución 1408 dijo que la elección de Ramírez se había realizado de forma adecuada, condicionó el aval a que fuera entregada una certificación de transparencia del sistema de votación, y la campaña quedó en una incertidumbre jurídica.

Al condicionar el aval, fue facultado el sector que apoyaba a Santos a no respaldar la candidatura de la colectividad sin incurrir en doble militancia.

Por estas irregularidades, Ramírez radicó una denuncia a la Fiscalía General de la Nación contra varios de los exmagistrados del Consejo Nacional Electoral del pasado periodo, basada en el fallo del Consejo de Estado que le daba la razón.

Según apartes de esta nueva denuncia, «a partir de la decisión del Consejo de Estado, se hará referencia al concepto general del vicio de los actos administrativos de desviación de poder; y, se explicará cómo se configuró en el caso de la expedición de la Resolución 1408 de 2014 por parte del Consejo Nacional Electoral».

Finalmente en los fundamentos jurídicos de la denuncia de la dirigente conservadora contra los exmagistrados de CNE indica que, «este caso reviste la mayor gravedad y merece toda la atención de las autoridades públicas, de tal forma que se genere un precedente ejemplar que impida que en el futuro, a través de argucias jurídicas se niegue a cualquier ciudadano y se niegue a cualquier Partido político, como en ese caso se le negó al Partido Conservador Colombiano, el derecho a participar dentro de las reglas de juego del sistema democrático».