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Responsabilizan al ICBF por muerte de otro niño en La Guajira por desnutrición

niños guajirasAnte la noticia del fallecimiento anoche, en el municipio de Uribia, en la Alta Guajira, del niño John Ander Uriana, de nueve años de edad, a causa de desnutrición avanzada, la directora nacional del Frente Parlamentario Contra el Hambre, senadora Sofía Gaviria expresó su solidaridad con las familias del menor, en estos momentos de duelo, manifestó su indignación por este hecho alarmante que debe acongojar al país entero y responsabilizó al ICBF.

“Es totalmente intolerable que este niño haya muerto después de que, desde hace meses, estábamos advirtiendo la gravedad de su situación y de que el ICBF se había comprometido a prestarle la atención debida. La negligencia del ICBF está produciendo una nueva víctima”, aseguró la legisladora, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

Según la senadora Gaviria, el hecho de que, a lo largo de este 2015, hayan muerto en La Guajira 27 niños a causa de la desnutrición (cuatro de ellos en el último mes) muestra la dimensión catastrófica de la inseguridad alimentaria que padece la niñez en Colombia. “Esperamos que estas pruebas elocuentes conduzcan al ICBF y a las demás entidades responsables de este asunto a comprender la necesidad de consolidar una política pública de seguridad alimentaria coordinada y fundada en lineamientos técnicos. A ello apunta el proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional que ya fue aprobada en el Senado y que será debatida, esta semana, en tercer debate, en la Cámara de Representantes”, anotó al respecto la senadora Gaviria.

La parlamentaria insistió en la necesidad de reforzar la apropiación del drama del hambre en Colombia, por parte de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de los parlamentarios y del Gobierno Nacional, en particular del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. “La responsabilidad en cuanto a la desnutrición en Colombia, especialmente en departamentos como el Chocó, La Guajira, Vaupés y Guainía, debe ser asumida con toda la acuciosidad que requiere la situación apremiante de miles de niños nacidos y por nacer en una situación de desnutrición grave”, enfatizó la parlamentaria.

De la gravedad del escenario de la desnutrición en Colombia son muestra hechos como los siguientes:

– El año pasado, el Programa Mundial de Alimentos indicó que, en cuanto al cumplimiento de los Objetivos del Milenio, “Colombia es el país más atrasado de la región”.
– De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia (ENSIN), la cual se realiza cada 5 años y cuyas últimas cifras corresponden al año 2010, la inseguridad alimentaria en Colombia es del 42,7%, aumentando en un 1,9%, con respecto a la medición del 2005.
– El 70% de nuestros niños indígenas viven en desnutrición crónica.
– El 30% de los niños colombianos que fallecen cada año es por causas asociadas a la malnutrición.
– La prevalencia de anemia en niños de 6 a 59 meses es de 29,4% y de 7,5%, en niños de 5 a 12 años.
– La Guajira tiene, en cuanto a seguridad alimentaria, un promedio no muy lejano al de Ruanda, en África, donde, según el Banco Mundial, la tasa de mortalidad de menores de cinco años por cada 1.000 nacimientos es de 55. En la península colombiana es de 45.

Acerca de la necesidad de decisiones políticas contundentes para resolver el drama de la desnutrición en el país, la senadora liberal declaró: “En Colombia, donde producimos alimentos todo el año y donde tenemos todos los pisos térmicos necesarios para cosechar todos los alimentos que se requieren para una adecuada nutrición, es imperdonable que sigan muriendo niños a causa del hambre. Es necesaria la creación de un ente técnico estructurado, para que tengamos, por fin, responsables y estadísticas claras y se pueda hacer un seguimiento constante a los procesos relacionados con la malnutrición”.

El establecimiento de esta institución, la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional busca asegurar, en una primera etapa, la nutrición adecuada de las madres gestantes y de los menores de cinco años, y, posteriormente, la de la totalidad de la población colombiana.