El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, rindió hoy cuentas de su primer año de gestión destacando importantes logros como el aumento de la cobertura del control fiscal al auditar en 2015 el 92,6% del Presupuesto General de la Nación ($480,1 billones), llegar a vigilar recursos de salud y educación por más de $20 billones y además unos $11.4 billones de recursos de regalías.

En 2014, solo se fiscalizó $338,9 billones del Presupuesto Nacional (el 79,7%) y se vigiló $1 billón del Sistema General de Participaciones y $3.2 billones del Sistema General de Regalías

Y se suman a esto –destacó el Contralor General- contundentes resultados como los siguientes:

*Emitir alertas en el sector energético como la que se hizo sobre el desabastecimiento de gas natural a que se enfrenta el país, que se hizo en junio pasado. Cuatro meses después, en octubre, se le dio crédito a la Contraloría por este aviso cuando se empezó a hacer un debate público por el aumento de las tarifas de energía a raíz de los efectos del Fenómeno del Niño.

La CGR llamó la atención sobre la posibilidad de que el país pueda dejar de ser autosuficiente en materia de gas natural debido a que el consumo está aumentando y no se han descubierto nuevas fuentes consolidadas importantes y que pudieran modificar el estado de las reservas del país.

En este caso Colombia se podría ver obligada a llegar un escenario de importar el combustible, lo cual tendría impacto sobre el precio para los usuarios y puede afectar el tema de abastecimiento del energético pudiendo este tener efectos en la industria, el comercio y la generación térmica.

*Otra alerta tiene que ver con los costos incontrolados de la Refinería de Cartagena, informe próximo salir pero del cual el Contralor hoy anticipó algunos de sus resultados: De manera directa se encontró que, de acuerdo a los cálculos realizados por la CGR, en USD 4.022 millones se incrementaron los costos de ejecución de la Refinería.

Sumado a esto, existen unos costos de oportunidad ligados a la no entrada en operación de la refinería en el tiempo previsto, una estimación de los beneficios económicos no generados en los 27 meses de atraso (desde julio de 2013), que alcanza un monto superior a los USD 1.100 millones.

Pro hay algo muy importante y es que según la información reportada por Reficar a la Contraloría, se han efectuado revisiones preliminares a 2.366 contratos que son principalmente por servicios y por compras. Este tema será revisado de manera muy detallada por medio de una Actuación Especial, ya que motiva un análisis más detallado por su monto y dinámica de contratación.

Merece la pena destacar que los cálculos de la CGR indican también que, a precios corrientes, las pérdidas acumuladas de Reficar ascienden a $ 1,69 Billones de pesos.

*Según cálculos avanzados de la Contraloría, los recursos entregados a los generadores públicos y privados, relacionados con las Obligaciones de energía en Firme del esquema de Cargo por Confiabilidad (mecanismo que opera desde diciembre de 2006), equivalen a $18,5 Billones (Pesos de octubre 31 de 2015).

Preocupa a la CGR que algunas generadoras térmicas suspendieran su generación, por lo cual se decidió iniciar una investigación sobre las razones y responsabilidades derivadas del incumplimiento de los agentes llamados a generar por confiabilidad.

*La CGR ha alertado igualmente sobre la deficiente gestión de Elecricaribe y recientemente estableció hallazgos fiscales por un monto de $12.543 millones en una actuación especial a esta empresa electrificadora relacionada con el manejo de los recursos de los fondos públicos del sector eléctrico PRONE y FAER. Se encontró que esta empresa electrificadora muestra una pobre y deficiente ejecución de $346.932,1 le asignó con el objeto de normalizar a 102.540 usuarios.

Vigilancia especial a las regalías

*En cuanto a la vigilancia especial a las regalías, en este último año, la Contraloría ha actuado en 27 departamentos, cubriendo 66 alcaldías y 23 gobernaciones, y registra 244 hallazgos con presunta incidencia fiscal que ascienden a $187.569 millones. Entre los sectores más críticos están: educación, agua potable y saneamiento básico, transporte, vivienda y ambiente y desarrollo sostenible.

*Y un preocupante llamado de atención que ha formulado el Contralor es sobre cómo inexplicablemente se han tenido $8.4 billones de recursos de regalías en los bancos.

*También lanzó una debida alerta sobre el impacto de la caída de los precios del petróleo en la estructura financiera del Sistema General de Regalías, proyectando que sus ingresos se reducirían en $5 billones. Con base en ello, el Gobierno hizo los ajustes respectivos en el Presupuesto,

*Una nueva alerta que lanzó hoy el Contralor General en su rendición de cuentas tiene que ver con el hecho de que continúan siendo altos los riesgos de corrupción en la contratación que realizan los entes territoriales con recursos de regalías.

Si bien, el 65% de la contratación se realiza a través de las modalidades de concurso (licitación pública, concurso de méritos y selección abreviada), y el 35% a través de contratación directa, un análisis de los procesos precontractuales arrojó cifras que deben ser motivo de preocupación:

El 72% de la contratación celebrada por concurso se hizo mediante procesos contractuales en los que sólo se presentó un oferente. Así resultó de una revisión realizada a una muestra de 2.742 contratos, por valor de $6,2 billones, que representa el 76,5% del valor de la contratación de las modalidades de concurso. Al sumar, la contratación directa a la contratación celebrada con un (1) solo oferente, el resultado arroja que en todos los departamentos, sin excepción, la contratación que se realiza sin pluralidad de oferentes supera el 55% del total. En este sentido la situación es crítica en todo el país.

Resultados contra la corrupción

*En el frente de la lucha contra la corrupción, la Contraloría ha proferido fallos fiscales de cuantía como es el caso de la condena de $60.000 millones por modificación del cálculo de regalías en un contrato carbonífero suscrito por Ingeominas con la firma Prodeco, sin los debidos estudios previos y sin la planeación necesaria. El fallo con responsabilidad fiscal fue contra el ex ministro de Minas Hernán Martínez Torres, la misma empresa Prodeco y el ex director de Ingeominas, Mario Ballesteros Mejía.

*En la Autoridad Nacional de Televisión –ANTV, la Contraloría estableció un posible detrimento patrimonial de $51.556 millones, por lo que los dos canales privados han debido pagarle al no entrar en operación el llamado «tercer canal».

*El retraso de la nueva torre de control del Aeropuerto El Dorado estuvo también en la mira de la CGR, que estableció hallazgos fiscales por $7.836 millones originados en deficiencias en la planeación del proyecto, costos no previstos, pago de ítems de obra que no se ejecutaron y obras doblemente ejecutadas.

*En el ejercicio de la labor de auditoría, se han encontrado graves anomalías en entidades como la Unidad Nacional de Protección –UNP, donde se estableció un detrimento patrimonial por $14.790 millones, por pagos sin soporte de tiquetes aéreos, peajes y gasolina y arrendamiento de vehículos blindados y corrientes sin respaldo presupuestal.

*Y antes de que la Corte Constitucional tumbará la Función de Advertencia que ejercía la CGR, el Contralor Maya Villazón alcanzó a utilizar esta herramienta de apoyo al control fiscal en el caso del Túnel de La Línea, alertando sobre la parálisis de la construcción de la obra e instando al Gobierno a tomar las medidas necesarias para finalizarla.

*Condenas por $44.600 millones por inversiones irregulares. La Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la Contraloría General de la República, entre las diversas investigaciones que adelanta, profirió este año varios fallos con responsabilidad fiscal por inversiones irregulares de dineros públicos, uno de ellos por cuantía de $25.727 millones, por el detrimento patrimonial que significó para el departamento de Casanare la inversión de dineros de regalías en títulos Yankees que finalmente se vendieron a un menor valor del que se compraron. Produjo igualmente un fallo con responsabilidad contra un exalcalde de Yumbo (Valle) por $11.900 millones de pesos, y uno más contra funcionarios del Banco Agrario por $7.000 millones de pesos. Todos estos dineros se recuperaron.

Vigilancia especial a recursos de la salud y la educación

*La GCR fue el primer organismo de control que llamó la atención sobre la gestión de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD. La auditoría a esta entidad encontró que con recursos públicos esta Universidad ha creado una institución privada que tiene sede en La Florida (Estados Unidos), lo cual evidenció un detrimento por $5.900 millones.

*Por primera vez en la historia, la Contraloría está poniendo la lupa sobre una gran porción de los dineros que gira la Nación para la salud y educación en las regiones. En 2015 se han vigilado 181 entidades territoriales, mientras que en 2014 se vigilaron 73 entidades territoriales. Se busca así controlar los recursos destinados para los colegios y los hospitales.

En el primer semestre de este año se iniciaron auditorías a 16 departamentos. En un solo departamento, En Bolívar, por ejemplo, se configuró un hallazgo por $14.886 millones en la contratación del servicio educativo con la Diócesis de Magangué. Se encontraron: duplicación de registros de los alumnos, estudiantes fantasma, entre otras cuestiones. Actualmente se adelanta un proceso de responsabilidad fiscal verbal.

*La Contraloría ha señalado con insistencia serias deficiencias en el tema de alimentación escolar y avanza en sus actuaciones sobre el Programa de Alimentación Escolar-PAE, que se están realizando en siete departamentos de la Costa Caribe, que en el 2014 contaron con recursos por $1,1 billones.

En las auditorías se han evidenciado fallas en la supervisión del Ministerio de Educación y deficiencias operativas, como alimentos en mal estado, raciones muy pequeñas, malas condiciones higiénicas, duplicidad en pagos de las raciones servidas, y pago de raciones no entregadas, entre otras.

*La CGR ha detectado un patrón de comportamiento en cuatro departamentos que se ha traducido en mal uso de los recursos de la salud. Se trata del pago indebido de medicamentos por miles de millones de pesos sin el cumplimiento de requisitos. En algunos casos se encontró que era a las EPS a quienes les correspondía asumir dichos pagos y, no al Estado. Se establecieron hallazgos fiscales por ese tipo de casos, por ejemplo, en Bolívar, por $27.500 millones; en Tolima, por $3.240 millones; en Huila por $996 millones; y en Caquetá, por $8.071 millones.

*Otro gran objetivo de control fiscal son las EPS, entidades que atienden 43 millones de usuarios y manejan recursos de aproximadamente $27 billones. En febrero de este año, la CGR lanzó una alerta sobre la situación financiera, operacional, presupuestal y contable de la EPS Caprecom, al considerar que había llegado a un punto crítico que ponía en riesgo su propia sostenibilidad. Se encontraron recobros extemporáneos por $3.300 millones e inconsistencias en la facturación.

Hoy, cuando se acaba de ordenar la liquidación de Caprecom, debe recordarse que la Contraloría pidió en ese momento al Gobierno Nacional «tomar medidas de fondo para salvaguardar, en primera instancia, la adecuada prestación de los servicios de salud de sus más de 3,5 millones de afiliados».

*Otro resultado de este trabajo de la CGR se hizo con la sanción impuesta a Famisanar EPS por daño patrimonial en el que incurrió al contratar la prestación de servicios de salud con una IPS que no estaba habilitada para ello y que solo sirvió de intermediaria. Por el desvío de recursos parafiscales la EPS pagó $11.500 millones, que fueron debidamente cancelados por las dos implicadas.

La vigilancia del agro y el seguimiento a la Ley de Víctimas

*En el primer semestre de 2015, la Contraloría realizó hallazgos con presunto alcance fiscal al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER por $33.433 millones de pesos, por falencias en el manejo de los subsidios de tierras, los proyectos productivos y de obras para distritos de riego entre otras y al Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO por $8.858 millones por presuntas irregularidades en la gestión de intermediarios financieros.

*En lo que concierne a la política de víctimas, la CGR presentó al Congreso de la República, un informe en el que da cuenta de un faltante de $33,6 billones para garantizar los derechos a la indemnización y a la vivienda consagrados en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

También se ha advertido sobre el riesgo que implica para la efectividad de la ley, la existencia de carteles de falsos reclamantes, que impiden que los recursos lleguen a las verdaderas víctimas del conflicto.

*Y la Contraloría ha llamado la atención sobre el manejo del fondo de restitución de tierras, destinado a reparar a las víctimas del conflicto, en cuanto a la viabilidad de los proyectos y la proporcionalidad de los bienes restituidos, ya que los beneficios de estos programas no deben ser un incentivo para la captura de rentas.

Otras alertas y actuaciones importantes

*El Contralor prendió sobre los alarmas sobre los vacíos del Plan Nacional de Desarrollo, que van desde sus estrategias de financiación hasta baches en temas vitales como los relacionados con Defensa y Justicia.

*Y una alerta preocupante que produjo la CGR es la que tiene que ver con el incremento desmesurado de los costos de descontaminación del río Bogotá, que pasaron de $6,2 billones en 204 a $9,3 billones en 2015.

*En el caso del colapso del puente peatonal del Cantón Norte, se configuró un presunto daño al patrimonio público por $3.375 millones y, de paso, se demostró que la CGR puede actuar y producir resultados rápidamente.

*Como resultado de la Auditoría realizada en el primer semestre de 2015 al Consejo Superior de la Judicatura, se concluyó una deficiente ejecución de los proyectos de inversión de la Rama Judicial. Entre 2010 y 2014, el CSJ pagó $25.000 millones de intereses moratorios en fallos en su contra. A pesar de que la entidad invirtió los recursos asignados en el cuatrienio 2011-2014 para la Rehabilitación del edificio en el Centro Administrativo Nacional, modernizar el Palacio de Justicia de Cali, y construir el de Acacías, las obras no se encuentran completamente terminadas y algunos no están aún aptos para su uso.

La Contraloría emitió opinión negativa sobre los estados financieros del Consejo Superior de la Judicatura, por inconsistencias superiores a los $4,4 billones de pesos, correspondientes al 20% del total de sus activos, lo que impidió a su vez que se feneciera su cuenta fiscal.

*Se realizaron diferentes ejercicios de control fiscal para evaluar la política penitenciaria y carcelaria concluyendo que la entrada al servicio de nuevas cárceles se ha quedado en anuncios.

A pesar del gasto realizado en el sector durante el pasado cuatrienio, entre septiembre de 2010 y marzo de 2015 no se construyó ningún recinto carcelario nuevo. Entre 2012 y 2014 los recursos de inversión que no se ejecutaron alcanzaron más de $105 mil millones, dineros que hubieran permitido generar 1.400 cupos carcelarios nuevos.

Mientras se incrementan los gastos de funcionamiento, es baja la ejecución de recursos de inversión por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC). No se han dado al servicio nuevos pabellones que se construyen en algunas cárceles y, por tanto, no se han construido nuevos cupos. La mayor parte de la infraestructura penitenciaria es vetusta: 120 establecimientos tienen más de 21 años de construcción y otros 20 tienen más de 100 años

*Hallazgos fiscales por $16.725 millones detectó la Contraloría en el proyecto Ciudadela San Antonio de Villavicencio (vivienda para desplazados). Han pasado 12 años de iniciado este proyecto de 2.254 viviendas, al que se destinaron más de $20 mil millones y hoy solo se cuenta con 89 títulos legalizados. Lo anterior quiere decir que su cumplimiento es apenas del 3.9%.

*La Contraloría General profirió fallo con responsabilidad fiscal por $2.585 millones de pesos contra el ex Gobernador de Casanare Withman Porras, la Unión Temporal Casanare Hábitat de Paz y la firma interventora Consorcio JG, por el indebido reconocimiento de pago que se hizo al mencionado contratista en una obra cuyo objeto era construir 1.055 viviendas de interés social.

*En materia de Control Macro, la CGR revisó las cuentas del Estado, con $1.234 billones del Balance Nacional, $377 billones de deuda pública, $196 billones de presupuesto y la estimación de un déficit de más de $15 billones para la Nación.

Apoyo ciudadano al control fiscal

*Un logro destacable es la ejecución de procesos de control fiscal participativo, que vinculan a la ciudadanía y a las organizaciones sociales, como ha sucedido con la construcción del Túnel de La Línea, la reconstrucción del casco urbano de Gramalote (Norte de Santander) y la pavimentación de la vía Zanjón – Pueblo Bello (en el departamento del Cesar), donde a través de audiencias públicas y un seguimiento permanente a la ejecución de estos proyectos, se ha logrado un efectivo control social y que las entidades públicas se comprometan a cumplir sus compromisos.

*Se ha avanzado así en el propósito es convertir a los ciudadanos en aliados y que la participación ciudadana contribuya a mejorar la vigilancia y el control fiscal., destacó el Contralor Maya Villazón.

*Los procesos de control fiscal participativo han tenido una nueva dinámica y en cada capital de departamento se realizaron encuentros deliberativos con diferentes sectores de la población sobre los problemas públicos que enfrentan y las posibles soluciones a los mismos.

En total, entre el 10 de marzo y el 10 abril de 2015, se llevaron a cabo 33 mesas deliberativas, con la participación de 1.705 ciudadanos, de donde finalmente se identificaron como prioritarios 311 problemas públicos que serán abordados a través de audiencias públicas y otras actividades de participación ciudadana que ponen en marcha estrategias de orden nacional, regional y departamental.

Menor contratación y eficiente ejecución presupuestal

*En cuanto a los temas administrativos, en el primer año de gestión del Contralor Edgardo Maya Villazón ha disminuido el número de contratos, aplicando austeridad de gasto. Mientras en 2013 los contratos eran 546 hoy se tienen 180.

*El presupuesto de la CGR ha crecido en un 7% con respecto al año anterior. Este porcentaje tiene su mayor representación en Inversión; con una partida adicional de $80.000 millones destinada para el inicio de la compra de la nueva sede nivel central. El nivel de ejecución presupuestal a 26 de noviembre de 2015 se encontraba en el 63%

Lo que se va a hacer en los próximos 3 años

*El Contralor Maya Villazón anunció la puesta en marcha de un Programa de Fortalecimiento de la CGR, que se puso a consideración de las instancias gubernamentales y tiene un costo total estimado de USD$30 millones. Ya se logró la aprobación del Documento CONPES 3841 y de la operación de crédito. El programa será ejecutado en cinco años (hasta 2019).

*Adicionalmente se viene gestionando la cooperación técnica de recursos por parte de la Comunidad Europea por valor de 500.000 euros, los cuales se destinarán para fortalecer el análisis y evaluación de las políticas públicas del Estado Colombiano por parte de la CGR.

*Otro anuncio importante que realizó es que, tras superar múltiples obstáculos normativos, presupuestales y hasta urbanísticos, ya se está en la recta final de la adquisición de la nueva sede para la Contraloría General de la República y el traslado a la misma se hará el próximo año.

Es urgente reformar el control fiscal territorial

*El Contralor volvió a plantear lo urgente que resulta realizar una seria y definitiva revisión del ejercicio y de la titularidad de las funciones de control fiscal en las regiones, para fortalecer el seguimiento técnico a los recursos públicos a cargo de las entidades territoriales.

*»Llegó la hora de garantizar a las comunidades regionales, mecanismos de vigilancia independiente de las vicisitudes políticas y partidistas de las regiones. Como lo he dicho en otras ocasiones, considero que la Contraloría General de la República podría asumir las funciones de las contralorías territoriales contando con la experiencia y conocimiento de quienes hacen parte de sus plantas de personal», afirmó.

*Insistió también en la necesidad de pensar en una reforma que permita dividir las tareas de los órganos de control fiscal, de modo que unas dependencias se ocupen de ejercer los sistemas de vigilancia y control y otras de adelantar el juicio fiscal. Es necesario y útil crear una Corte de Cuentas y eliminar el principio que rige en la Contraloría de investigar y juzgar al mismo tiempo, dado que este modelo no es garantía de imparcialidad, concluyó.

El nuevo enfoque del control fiscal

*El Contralor Edgardo Maya Villazón inició un proceso de transformación y fortalecimiento de la CGR, aplicando un «Nuevo Enfoque del Control Fiscal» en el cual –resaltó- el organismo de control va más allá de verificar si cuadran o no las cifras de las entidades públicas y de concentrarse en poner en tela de juicio a las mismas y a sus funcionarios.

Lo que se busca ahora es contribuir al fortalecimiento de las instituciones públicas, que estas tengan más y mejores prácticas de buena gerencia pública, y verificar si los recursos públicos efectivamente han mejorado la calidad de vida de los ciudadanos, subrayó.

Maya Villazón rindió cuentas de su primer año de gestión (2014-2015) en una Audiencia Pública que tuvo lugar en el Hotel Crowne Tequendama y que fue televisada en directo por el Canal Institucional.