El Ministerio de Educación denunció irregularidades en aspectos administrativos y financieros que están poniendo en riesgo de manera grave la prestación del servicio en la Corporación Universitaria Rafael Núñez de Cartagena.

De acuerdo con la viceministra de Educación Superior, Natalia Ariza, los manejos irregulares que hicieron los directivos de los dineros de las matrículas rondan los 6.000 millones de pesos.

La funcionaria comentó que estos recursos han sido invertidos en el arriendo y la adecuación de inmuebles que pertenecen a la familia Henríquez Emiliani.

El Ministerio determinó que la corporación estaba pagando cada mes hasta 150 millones de pesos a sociedades económicas de la familia mencionada.

A este hecho se suma que dichos contratos de arrendamiento no cumplen con los cánones establecidos dentro de los estatutos de la universidad.

“El objetivo de esta intervención es salvaguardar la continuidad del servicio educativo y garantizar que este sea prestado con calidad (…). De no cumplirse lo pactado, podremos entrar en estado de vigilancia especial e, incluso, remover a los directivos de la Rafael Núñez”, manifestó la viceministra.

La intervención de la corporación universitaria significa que la institución estará bajo vigilancia y deberá tomar medidas preventivas para corregir las irregularidades.

Entre las medidas implementadas por el Ministerio, incluyen la presentación de un plan de mejoramiento en el menor tiempo posible y la constitución de una fiducia para el manejo de sus rentas, de tal manera que estas sean invertidas de acuerdo con la misión de la institución.

El rector y los miembros de la asamblea general fueron multados hasta por 122 millones de peso.