–La organización Human Rights Watch (HRW) rechazó el acuerdo sobre justicia transicional suscrito entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc por considerar que es un acuerdo de impunidad, pues, afirmó, “garantizará que los responsables de atrocidades de ambas partes del conflicto eludan cualquier tipo de castigo genuino».

“Un análisis minucioso de lo que contiene los acuerdos permite concluir que es simplemente un acuerdo de impunidad», afirmó en rueda de prensa en Washington el director de la Ong José Miguel Vivanco.

«Este acuerdo, tal cual está redactado, garantizará que los responsables de ambas partes puedan eludir cualquier tipo de castigo genuino”, afirmó.

De hecho, Vivanco advirtió que desde un principio el gobierno colombiano aceptó que criminales de guerra pudieran evitar la prisión, lo cual era muy preocupante, pero, añadió «este acuerdo va más lejos y garantiza que no paguen una pena considerablemente seria”.

Vivanco señaló que después de analizar el pacto firmado en La Habana se encontró que el texto “muestra numerosas ambigüedades” y deja abierta la puerta para escenarios de impunidad.

El director de HRW consideró lo pactado por el gobierno colombiano con las Farc un retroceso en materia de defensa de los derechos humanos en el mundo, por lo que lo que sugirió que la Corte Penal Internacional debería revisar las potenciales consecuencias del acuerdo.

Según Vivanco, “Colombia tiene la obligación jurídica, conforme al derecho internacional, de prever penas para violaciones de derechos humanos y graves violaciones al derecho internacional humanitario que guarden proporción con la gravedad de los crímenes”.

Entre otros puntos que consideró ambiguos, detalló el juzgamiento por responsabilidad de mando, esto es, de los superiores por delitos cometidos por sus subordinados, así como la duración de las sanciones, consecuencias de incumplimiento y las restricciones para ejercer cargos públicos.

También cuestionó la creación del tribunal especial para la paz, pues señaló que si bien el presidente Santos prometió que los jueces no serán designados por las Farc o por el gobierno, aún no hay claridad sobre quiénes serían y cuál es el modelo de selección.

“Si bien el acuerdo excluye expresamente la participación directa de las partes en el proceso de selección, no impide que puedan generar mecanismos y criterios que podrían otorgarles una influencia indebida en la selección de los jueves”, precisó.