Judicial Tema del Día

Condenan a la fiscalía por falsa acusación sobre creación de las Convivir

Integrantes de las desaparecidas Convivir
Integrantes de las desaparecidas Convivir

–El Consejo de Estado confirmó una condena a la Fiscalía General de la Nación por «la privación injusta de la libertad» de un hombre que fue acusado de constituir ilegalmente la asociación Convivir del Alto Baudó, Chocó, el 22 de enero de 1996.

En el comunicado, el alto tribunal reseña que por medio del Decreto 365 de 1994 se permitió la conformación de grupos de vigilancia y seguridad privada denominados “CONVIVIR”, los cuales tenían el objeto de brindar seguridad en zonas consideradas de alto riesgo.

Con base en dicho Decreto, un grupo de personas constituyeron la Convivir del Alto Baudó y nombraron como representante legal al demandante en este caso, Jesús María Palacios Mosquera, quien solicitó al gobernador del Departamento del Chocó la correspondiente personería jurídica y a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada la respectiva licencia de funcionamiento.

Sin embargo, el demandante solo estuvo al frente de la asociación hasta marzo de 1996, antes de conocer el resultado de algunas de las peticiones, puesto que renunció a su cargo.

El 5 de junio de 2001, la Fiscalía profirió resolución de acusación en contra de varias personas, entre ellas el demandante, como posibles autores del delito de concierto para delinquir en la modalidad de conformación de grupos ilegalmente armados.

En el desarrollo de la investigación penal, el accionante estuvo privado de la libertad desde el 3 de marzo de 1998 hasta el 23 de julio de 2002, día en que un juez especializado de Quibdó lo absolvió de todo cargo al encontrar que solo intervino como representante legal en la etapa de conformación de la cooperativa, es decir que apenas conoció de la obtención de la personería jurídica y no del resultado de las otras peticiones elevadas ante las autoridades correspondientes.

En la providencia, el Consejo de Estado establece que desde el 5 de enero de 2001, el señor Jesús María Palacios Mosquera estuvo cobijado con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario, en razón a su vinculación a la investigación penal adelantada por la Unidad de la Fiscalía de Derechos Humanos de Bogotá, por el delito de concierto para delinquir en la modalidad de conformación de grupos ilegalmente armados.

Agrega que dichas pesquisas concluyeron con sentencia absolutoria ya que, a pesar de que el procesado en su calidad de representante legal participó en el proceso de obtención de la personería jurídica de la Convivir del Alto Baudó, por su corta estadía en ese cargo no pudo tener conocimiento de que era ilegal, es decir, que no contaba con el correspondiente permiso para desarrollar actividades especiales de vigilancia. Así pues, se estableció la existencia de error de tipo en cuanto al delito inculpado, en el entendido de que el sindicado tuvo plena convicción de la legalidad de la Convivir y que, corolario de ello, no pudo haber dolo en su actuación. El señor Palacios Mosquera estuvo privado de su libertad hasta el 23 de julio de 2002.

La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourth, señaló que la responsabilidad patrimonial es imputable a la Fiscalía General de la Nación, pues en virtud de sus actuaciones se generó el daño al demandante.

Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, el Consejo de Estado condena a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar las siguientes
sumas de dinero bajo el título de indemnización de perjuicios:
Perjuicios morales:

– Al señor Jesús María Palacios Mosquera (víctima-privado de la libertad) la suma equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

– A Digna Mosquera Palacios (madre), Pedro Pablo Palacios Robledo (padre), Lisbeth Dayana Palacios Asprilla (hija), Andy Dayana Palacios Asprilla (hija), Sindy Jhoana Palacios Asprilla (hija) y Robinson Palacios Mosquera (hermano), la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos.