La fiscalía brasileña denunció este martes al estelar delantero Neymar por evadir impuestos y falsificar documentos entre 2006, cuando aún era una joven promesa del Santos, y 2013, cuando fichó por el FC Barcelona.
“El Ministerio Público Federal en Santos denunció al jugador de fútbol Neymar da Silva Santos Junior, su padre, Neymar da Silva Santos, y a los dirigentes ligados al Fútbol Club Barcelona, Alexandre Rosell Feliu e Josep Maria Bartomeu Floresta, por evasión de tributos y falsedad ideológica”, informó la Fiscalía en un comunicado, horas después de que el atacante prestara testimonio ante la justicia española por irregularidades en su fichaje por el Barça.
El padre de Neymar lo desvincula de los contratos de traspaso al Barcelona
El padre del delantero brasileño Neymar desvinculó este martes ante el juez a su hijo de los contratos de traspaso al Barcelona, que investiga la justicia española por supuestas irregularidades, informaron fuentes presentes en el interrogatorio.
Neymar da Silva Santos explicó al juez José de la Mata los contratos y exculpó a su hijo durante una declaración, que, tras dos horas, continúa en la Audiencia Nacional (principal instancia penal española).
Antes que Neymar padre, compareció su hijo, sin que haya trascendido lo que declaró en cerca de hora y media ante el magistrado.
Vestido con pantalón vaquero, camisa blanca y chaqueta negra, sólo se permitió hacerse algunos selfies y firmar autográfos a jóvenes aficionados, antes de meterse en una furgoneta que lo trasladó al aeropuerto.
Padre e hijo habían llegado una hora y media antes para comparecer como investigados en un supuesto caso de “estafa” y “corrupción entre particulares” por el traspaso del delantero al Barcelona en 2013, tras una demanda interpuesta por el fondo de inversión Brasileño DIS, que poseía un 40% de los derechos deportivos del jugador.
En un primer momento, el Barcelona cifró oficialmente el traspaso de Neymar en 57,1 millones de euros (40 millones para la familia de Neymar y 17,1 para el Santos brasileño), pero la justicia española calcula que fue de al menos 83,3 millones de euros.
