Este viernes la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al Consejo Superior de la Judicatura la prestación del servicio en los juzgados civiles y de familia que se encuentran en cese de actividades desde hace cuatro semanas en el marco de una protesta en contra del acuerdo 14442 de 2015.

Para el magistrado Fredy Ibarra Martínez, el servicio de justicia y su acceso es un derecho fundamental, una restricción al mismo afecta la calidad de vida de las personas que acceden a la misma para solucionar sus problemas.

En el fallo, que fue emitido el 11 de diciembre, se ampararon los derechos tutelados en la acción judicial presentada por el abogado José Ángel Fonseca.

De igual forma, se indicaba que el servicio de justicia no podía ser restringido, de hacerse se estaría actuando en contra de la ley y la Constitución.

Actualmente 1.500 empleados y trabajadores de la Rama Judicial se encuentran en cese de actividades por la entrada en vigencia del citado acuerdo que crea centros de servicios judiciales para la recepción y resolución de los procesos que se encuentran en los despachos judiciales.