–El expresidente y senador Alvaro Uribe Vélez sugirió al gobierno del presidente Juan Manuel Santos mirar el error cometido con las Farc y para empezar el diálogo con el Eln, exigirle un cese de actividades criminales y una concentración donde pueda ser vigilado. Además señaló que con las Farc «todavía hay tiempo de enmendar, por ejemplo, con la concentración y que le den al país la garantía de no cometer más delitos.

Los pronunciamientos los hizo en una declaración que formulo en la ciudad de Cartagena, en la cual advirtió que si el Eln «se concentra en un sitio prudente, si ordenan cese de actividades criminales, se les puede creer, porque se supondría que todo aquello que ocurra en materia de delito por fuera de este sitio no es imputable al Eln».

Citando un libro del profesor John Kotterque– ‘El sentido de la urgencia’–, Uribe dijo que hay que saber escoger entre lo urgente y lo no urgente. «Yo creo que es algo urgente que el país tenga un alivio y el cese total de actividades criminales sin un afán que este gobierno firme con esas organizaciones», subrayó.

Uribe advirtió que el Eln «quedó chiquitico cuando terminó nuestro gobierno y hoy está convertido en un monstruo nuevamente», hecho que atibuyó a que «con el acuerdo de La Habana se están desmontando uniformes de las Farc y utilizan los del Eln».

Al efecto dijo que en el departamento del Cauca la ciudadanía se queja que muchos integrantes de las Farc delinquen hoy con el uniforme del Eln y allí en el Sur de Bolívar también se anota que las Farc han dado la orden que delincan con el uniforme del Eln y están reclutando niños en Montecristo y en toda esa área.

El texto integral del pronunciamiento del expresidente y senador Uribe Vélez, es el siguiente:

Con las Farc todavía hay tiempo de enmendar, por ejemplo con la concentración, y que le den al país la garantía de no más delitos, pero yo veo que hoy el afán que muestra el Gobierno es el firmar o sentarse con el Eln y no en garantizar tranquilad para los colombianos».

Según veía ahora en la presentación de la doctora María del Rosario Guerra, tan ordenada, tan juiciosa, en los actos terroristas veía que volvieron a bajar desde el 20 de julio del año pasado ¿pero por quién? no por la autoridad sino porque las Farc le está dando esa gracia al país. Eso es muy grave, que la seguridad no sea producto de la autoridad sino de la liberalidad y de una tregua de un grupo terrorista.

Yo pienso que la situación no está fácil, y hay que tener toda la solidaridad con el Alcalde de San Vicente del Caguán, 86 mil millones de pesos de extorsiones en San Vicente del Caguán cobrada por las Farc. Desde aquí desde Cartagena toda, toda la solidaridad con el Alcalde y el pedido al Gobierno de que le dé toda la protección.

Yo diría que con las Farc hay que examinar el tema a través de dos delitos: los más visibles en disminución, los menos visibles en aumento.

¿Cuáles son los más visibles? Uno tiene que reconocer que lo que es destrucción de infraestructura, carreteras, oleoductos, etcétera, gasoductos, eso se ha bajado ostensiblemente desde el 20 de julio del año pasado, secuestros, asesinatos de policías y soldados, pero no por obra del gobierno, de la autoridad, sino por una tregua de las Farc.

Lo otro, los delitos menos visibles: narcotráfico en aumento; extorsión en aumento; control territorial en aumento; rearme en aumento. Yo creo que hay tiempo, en lugar de ese afán para firma, yo creo que se llegaría más sólidamente la Nobel de la Paz si se logra un acuerdo para que, si hay que demorar la firma, por lo menos con la concentración y la vigilancia se anticipe lo que debió darse desde 2011 para iniciar el diálogo: un cese vigilado y evitar actividades criminales, porque hoy hay un cese parcial en algunas, pero hay una falta de cese total en otras, esos delitos menos visible, no es cese ni siquiera parcial de actividades criminales. Sugeriría eso yo queridos ciudadanos.

¿Y por qué creo que eso además se requiere? Porque si uno oye a la Corte Penal Internacional; organismos internacionales de Derechos Humanos; congresistas de los Estados Unidos, que ha sido el país de la asociación eficaz con nosotros en materia de lucha contra el narcoterrorismo, todos tienen una enorme preocupación por los estándares de justicia.

Me refiero al acuerdo de justicia puntualmente ¿Por qué el Centro Democrático se opone? Porque la impunidad total lo que hace es generar nuevas violencias. Hoy le dan impunidad total a las Farc ¿cómo se la van a negar al ELN? Ya hay una Bacrim del tamaño de las Farc y en 1991 el doctor Humberto De la Calle, cuando se promulgó la Constitución, señaló a las Farc de terroristas, hoy las considera como actor político. Hoy señalan de terroristas a las Bacrim, quién quita, que como va en 10, 15 años las conviertan en actor político y les extiendan los mismos beneficios que a las Farc y nos hagan sufrir la violencia de las Bacrim otros 10, 15 años como durante 24, 25 años después de la Constitución del 91 nos han hechos sufrir la violencia de las Farc.

Esa impunidad genera muy mal ejemplo, para no hablar del tema que se ha venido hablando en las últimas 48 horas, del problema con el estatuto de la Corte Penal Internacional, etcétera, etcétera.

¿Qué dice el acuerdo de justicia? Dividen los delitos entre políticos y atroces, y finalmente es una decisión eufemística, sofística, porque a ninguno de los dos se les va a dar castigo.

Por ejemplo, queda claro la gravedad de considerar al narcotráfico delito político, que no tiene castigo y tiene elegibilidad. Ya lo dijo el Senador (Jaime) Amín, cuando el narcotráfico es el que ha financiado las grandes masacres en Colombia,

A mí me enseñaron en la Facultad de Derecho que las fuentes de la norma jurídica que debe calificar una conducta no son meramente formales, no es la apreciación ideológica de alguien o coyuntural de alguien, son también los hechos ¿y en los hechos qué se ha dicho? , ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué se ha visto? Que el narcotráfico ha financiado tragedias.

Entonces al mayor financiador del terrorismo que es el narcotráfico, yo no creo que lo podamos llamarlo delito político. Lo llaman delito político al asesinato de nuestros soldados y policías y a su secuestro, dice el acuerdo: ‘siempre y cuando se dé en circunstancias de combate’; también lo consideran político, o sea que no vale la vida de nuestros soldados y policías.

Estudiando yo el tema, cuidadosamente, en detalle, he llegado a la conclusión que solamente eso se convertirá en un grave crimen de guerra, violatorio de los protocolos de Ginebra si es que el soldado o policía además de ser retenido, como llaman ahora, en circunstancias de combate es torturado, entonces, dirán que quedaron pruebas de que los que secuestraron en el pasado fueron torturados, aparecían detrás de alambradas, pero dirán que los secuestrados en los últimos tres años han sido retenidos sin tortura y entonces eso pasará como delito político. O dirán que el asesinato de los soldados en el departamento del Cauca se dio en circunstancias de combate, cuando estaban dormidos, había circunstancias de indefensión, entonces dirán: ‘no, habían combates en la zona’ y eso pasará como delito político.

Los otros delitos los llaman atroces, pero tampoco tienen castigo, porque dice muy claramente el artículo 60: ‘que si las Farc los reconoce, el grupo que se someta, los reconoce, simplemente, se le dará una restricción de libertad’ y allí hay un inciso de dos renglones del artículo 60 que dice ‘que esa restricción de libertad no podrá ser equivalente ni a cárcel, ni a prisión, ni podrá haber medidas equivalentes a medidas de aseguramiento’ y las Farc han dicho que la restricción de movilidad no les impedirá moverse libremente por todo el país.

Entonces de la única sanción de la cual habla el Gobierno es la restricción de la movilidad y la restricción de residencia y las Farc dicen que no, que ellas se moverán libremente por todo el país. Ahí no hay pena, ahí no hay sanción y entonces yo no he querido basarme solamente en lo jurídico, sino en el mal ejemplo en lo que ha vivido Colombia con estas impunidades y en mal ejemplo a futuro.

Ahora dirán: ‘Ah Uribe lo hizo con 18 mil guerrilleros y con 35 mil paramilitares’. Siento mucho; nosotros aceptamos en la Ley de Justicia, Paz y Reparación que si el guerrillero o paramilitar se había involucrado en el narcotráfico, pero que su actividad principal fuera la guerrilla o el paramilitarismo pudieran ser elegibles para los beneficios de la Ley, pero sin impunidad, no les dimos ni elegibilidad política ni falta de cárcel, tenían que ir entre cinco y ocho años a la cárcel.

En esa época se dijo que muy poquito, que cómo los paramilitares iban tan poquito, y tenían razón los críticos, pero la mayoría de esos críticos hoy, que les pareció muy poca la condena carcelaria de los paramilitares, hoy quieren cero cárcel para las Farc ¿y cuál es la diferencia entre las masacres de los unos y de los otros?

Y advierto, nosotros nunca les dimos elegibilidad política, y aquí de acuerdo con el artículo 36 del documento de justicia, firmado por el Gobierno y las Farc, tendrían plena elegibilidad política. Y asimilan a los comandantes militares con los cabecillas de la guerrilla, porque yo he procurado estudiar eso cuidadosamente para poder dar el debate en cualquier universidad colombiana.

Uno de los artículos dice, y con esto le están endulzando el oído a los comandantes militares de Colombia: ‘si el comandante militar no ordenó un falso positivo ni lo conoció, se informó después de ejecutado, sancionó y tomo previsiones para que no se repita, no es responsable del falso positivo’. Le dicen a los comandantes militares, mire que gran avance, mentiras, eso tiene que existir en la legislación de hoy, aquí hay abogados muy respetables, un comandante militar que no haya participado de un designio delictivo para producir un falso positivo, no es responsable de la acción delictual, porque no hubo el dolo. Que la justicia ordinaria los está condenando sin el dolo, muy grave, esa es una falla no de la legislación sino de la administración de justicia.

Pero hay otro agravante, le dicen a los guerrilleros lo mismo, entonces no les dicen cabecillas, les dicen comandantes en el acuerdo. Uno de los problemas de estos acuerdos con La Habana es que los nivelan, que las Fuerzas Armadas nuestras que son las fuerzas de la democracia, no las fuerzas de Videla o de Pinochet o de las viejas dictaduras de la democracia de Centroamérica, militares, donde las Fuerzas Armadas, estaban al servicio de dictaduras, las nuestras que están al servicio de la democracia, no pueden ser niveladas con el terrorismo. Entonces le dicen a las cabecillas guerrilleros: ‘si el comandante guerrillero no conoció la masacre, y tomó después de ocurrida y conocida, medidas para que no se repitiera, no es responsable’.

Eso no va a ser transcendente, porque de todas maneras nunca lo van a castigar y le van a dejar elegibilidad política, lo que es grave es la señal, que le dan un tratamiento al cabecilla guerrillero igual al del comandante militar y eso crea un pésimo antecedente para la justicia colombiana.

Y hay que hacer esta diferencia, si se crea en Turbaco una organización criminal y les dicen váyanse para los Montes de María, los cabecillas se quedan en Turbaco y algunos de ellos se van para los Montes de María, que a extorsionar, que a cobrar la ley de impuestos de la criminalidad, etcétera y etcétera y cometen una masacre, entonces dirá el cabecilla del grupo criminal en Turbaco,: ‘ah, no, yo no ordené eso’, pero se infiere que la masacre es resultado de que el grupo tenía el designio de delinquir.

Entonces la Farc dice: “no, nosotros hicimos la masacre de Bojayá, pero es que los comandantes no tenían el designio de delinquir, estábamos allí simplemente combatiendo al Ejército, pero hubo daños a terceros, lo que se llama daño colateral, que mataron esa comunidad, la arriaron y la confinaron en la iglesia y después la mataron, hubo daño colateral por los paramilitares y reconocen eso, de todas maneras con o sin responsabilidad será intranscendente porque no van a ir un día a la cárcel y los van a elegir.

¿Pero cómo van a descargarse esa responsabilidad si la masacre es el resultado de las órdenes que ellos habían dado de poder delinquir?

En cambio la orden y el objetivo de las Fuerzas Armadas es el contrario, mientras en la guerrilla es el delinquir, aunque ellos digan que es el ejercicio al derecho a la insurgencia, en las Fuerzas Armadas es la protección de la ley, en la guerrilla la regla es el delito y no hay excepción, en las Fuerzas Armadas la regla es la protección de la ley y al ciudadano, la excepción es el delito, que tiene que ser sancionado ejemplarmente.

Nosotros le vemos todas estas dificultades, estimados ciudadanos, a este acuerdo, y le vemos otros problemas, van a poner a la guerrilla de interlocutor del Gobierno para definir la política agropecuaria ¿Por qué?

Si tuvimos unos errores de reparto de tierras cuando este país lo manejó la mente superior, el espíritu superior de Carlos Lleras y hemos vivido ahora estas dificultades en el Gobierno Santos ¿cómo será con una política agropecuaria coordinada, co-definida y co-ejecutada con las Farc? Y nos acaban las posibilidades del agro y entonces se crece el narcotráfico, pero dice el Gobierno muy orondo que el problema empezará a resolverse una vez logren el acuerdo con las Farc.

Van a volver al cartel de cocaína más grande del mundo, el gran socio del Gobierno para combatir ese horrendo delito del narcotráfico, y entonces no hay extradición, pero es que tampoco hay castigo interno y le suman elegibilidad. Esto le queda difícil a esta oveja negra que firmó la extradición de mil 200.