El día de hoy fue radicado ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, la convocatoria a Tribunal de Arbitramento para resolver el conflicto planteado en 2013 entre el Ministerio de Tecnologías y los operadores Claro y Movistar.

Con esta decisión, el Ministerio busca poner fin a la controversia sobre la liquidación de los contratos con los operadores.

Después de una sentencia de la Corte Constitucional, de una recomendación por parte de la Procuraduría General, de más de 25 mesas de trabajo técnicas y jurídicas entre el MinTIC y los operadores, de exponer ante entes de control como la Contraloría General, la Procuraduría y la Agencia Nacional de la Defensa del Estado, la complejidad técnica del caso de reversión de activos del servicio de telefonía móvil, el MinTIC definió como camino adecuado para proteger el patrimonio público y asegurar la continuidad del servicio, el acudir a convocar al Tribunal de Arbitramento, mecanismo contemplado en los contratos con los operadores.

De acuerdo con el fallo de la Corte Constitucional corresponden al patrimonio público los bienes afectos al servicio, adquiridos, construidos e instalados, de conformidad con las necesidades y vicisitudes acontecidas, a lo largo de la totalidad de la ejecución de los contratos pactados antes del vigor de las leyes censuradas y su defensa, es expresión del deber constitucional de proteger el interés general.

Dicha sentencia llevó a un arduo trabajo técnico y legal en el que han estado involucrados tanto el Ministerio, como las diferentes entes de control así como los operadores Claro y Movistar.

Las mencionadas gestiones concluyen en esta primera etapa con esta convocatoria. Al respecto el Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, David Luna manifestó: «Con el objetivo de proteger el patrimonio púbico y garantizar la prestación de un servicio vital como lo es hoy la telefonía celular, hemos acudido a este mecanismo como el más idóneo.

De hecho, este proceso fue recomendado en dos ocasiones por parte de la Procuraduría General de la Nación como el camino a seguir»

Los apoderados por parte de Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los abogados Gabriel De Vega y Gonzalo Suárez, han sido los encargados de llevar el proceso y radicar dicha convocatoria ante la Cámara de Comercio de Bogotá.