Las autoridades en políticas públicas de infancia, adolescencia, juventud y familia, recibieron esta semana las directrices impartidas por el procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado, para el diagnóstico de se situación y para la inclusión de sus derechos en los planes de desarrollo territorial.

Las orientaciones del jefe del Ministerio Público se encuentran en la Circular 002 del pasado 8 de febrero, en la cual recuerda que los mandatarios territoriales tienen como plazo el próximo 29 de febrero para presentar el proyecto del Plan de Desarrollo al respectivo Consejo Territorial de Planeación.

Señala en este sentido que el documento debe considerar temáticas como la seguridad alimentaria y nutricional, la garantía de los derechos a la salud y a la educación, los derechos de las personas con discapacidad, la prevención del embarazo temprano, la prevención y erradicación del trabajo infantil, la protección a la mujer, los derechos de la juventud, la protección integral de los menores de edad que incurren en comportamientos delictivos y la garantía de los derechos de la familia, entre otras.

Entre las recomendaciones formuladas por el procurador general, está la dirigida al Departamento Nacional de Planeación, a los ministerios de Salud y Protección Social y de Educación Nacional, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a las demás entidades del Gobierno Nacional competentes, de diseñar los lineamientos técnicos que deberán contener los planes de desarrollo en materia de infancia y adolescencia, teniendo en cuenta el ciclo de vida, el enfoque de garantía y restablecimiento de derechos; lineamientos sobre los que se debe brindar asistencia técnica a los entes territoriales de acuerdo a sus competencias.

Respecto del diagnóstico de la situación de la niñez, la adolescencia y la juventud de sus territorios, el procurador Ordóñez Maldonado le recomendó a los mandatarios municipales y departamentales tener en cuenta la información que sus antecesores reportaron en el aplicativo diseñado por este organismo de control para la vigilancia superior a la gestión pública territorial, así como el informe de gestión presentado en el respectivo proceso de empalme; esto facilitará la identificación de las problemáticas prioritarias que deberán atenderse en los planes de desarrollo y determinar las estrategias a corto, mediano y largo plazo.

A través de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, se hará seguimiento al cumplimiento de las directrices impartidas en la referida circular.