A través de un comunicado, la delegación de las Farc que lleva a cabo la negociación de paz con el Gobierno colombiano en la Habana, Cuba, señaló que el fenómero del paramilitaismo se ha venido incrementado, generando un “genocidio político, sin que el Estado colombiano logre tan siquiera señalar y capturar a sus responsables”.

Se refieren al suceso en el que se vio envuelta la ex senadora Piedad Córdoba, afimando que no es ningún malentendido acontecido el día 1 de abril en la ciudad de Quibdó, “que corona una amenazadora ofensiva paramilitar en todo el país”, señala el comunicado.

“Con honda preocupación, la Delegación de Paz de las FARC-EP, rechaza el intento de agresión contra la vocera del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica y luchadora por la paz PIEDAD CÓRDOBA RUIZ, acontecido el día 1 de abril en la ciudad de Quibdó, que corona una amenazadora ofensiva paramilitar en todo el país. El crecimiento de las acciones paramilitares contra población civil y dirigentes políticos y sociales desarmados, ensombrecen los sustantivos avances de los procesos de diálogos con las insurgencias y contra los anhelos de paz de todos los colombianos”, dicen al respecto.

Señalan además un preocupante crecimiento de paramilitarismo, que a su juicio se ensaña contra los actores políticos. “En medio de la ausencia de efectivas respuestas por parte del Gobierno Nacional, el fenómeno paramilitar lejos de desmantelarse como lo requiere un acuerdo de paz, se encuentra hoy enseñoreado en todo el país, habiendo aumentado en más de un 35% sus acciones y victimizaciones con respecto al año 2015, según lo registran las organizaciones defensoras de DDHH. Asistimos a la reedición a cuenta gotas de un auténtico genocidio político, sin que el Estado colombiano logre tan siquiera señalar y capturar a sus responsables”, señalan.

«No estamos ante ninguna confusión. Las aterradoras cifras no lo permiten. Bajo los gobiernos del presidente Santos y luego de 3 años de procesos de paz, 1.687 defensores y defensoras de derechos humanos recibieron amenazas, al menos 346 fueron asesinados, 206 sufrieron atentados, 131 fueron detenidos arbitrariamente, y 16 fueron desaparecidos. Mientras el Gobierno pretende negar su existencia con enrevesados eufemismos, las bandas paramilitares demuestran importante control territorial en amplias zonas rurales y urbanas, dirigen a sus anchas mercados legales e ilegales y mantienen vocerías políticas», dicen además.