–“La búsqueda de la paz no puede hacerse a costa de la seguridad y los derechos a la vida y libertades de los ciudadanos”, le advirtió al gobierno el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, al instar al ejecutivo nacional a mantener la ofensiva contra el Eln tras la oleada terrorista que desató con vista a las negociaciones de paz que están por iniciarse con este grupo guerrillero.

En carta que envió al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas y al jefe de la delegación del Gobierno Nacional en las conversaciones con el Eln, Frank Pearl, se refiere a la oleada terrorista desatada por este grupo guerrillero y cuestiona el hecho de que «a punta de masacres» pretenda «ese aparato terrorista y narcotraficante que los colombianos crean en su compromiso con la paz».

“El Gobierno no puede repetir errores que le cuestan la vida a policías, soldados y ciudadanos”, afirma Ordoñez Maldonado en la misiva, en la cual advierte sobre la intención de miembros de bandas criminales de arreciar acciones en busca de una negociación y del intercambio de brazaletes entre miembros del Eln, el Epl y las Farc.

Al efecto, el Procurador cita «el asesinato del comandante de la estación de Policía de El Tarra (Norte de Santander) Javier Vanegas Sarmiento, el hostigamiento a la base militar entre este municipio y Tibú, el atentado contra el alcalde de El Carmen, el ataque a la base en San Calixto, el homicidio del agente Milton Javier Méndez, los ataques terroristas en las vías entre Chocó y Antioquia, y las ofensivas en contra de los intentos del sofocamiento de incendios en el Catatumbo, que serían causados para sembrar cultivos de cocaína según denunció el gobernador del departamento».

“Todos son hechos sumamente graves ocurridos apenas días después de que se anunciara la fase pública de las negociaciones con el Eln, precisa Ordoñez Maldonado, quien agrega: ¿Son estas las demostraciones de voluntad de paz del Eln? ¿A punta de masacres pretende ese aparato terrorista y narcotraficante que los colombianos crean en su compromiso con la paz?”.

En la misiva también advierte sobre la posible estrategia del Eln de repetir una escalada militar como la que se presentó cuando comenzaron las conversaciones de paz en La Habana, pues “en su lógica, consideran que arreciar el asesinato de miembros de la fuerza pública y los ataques a la población civil puede generar una situación como la que llevó a que al presidente de la República ordenara suspender los bombardeos contra los campamentos de las Farc, luego de que esa organización anunciara en julio pasado un ‘cese unilateral’ y masacrara 11 soldados en el municipio de Buenos Aires, Cauca”.

Asimismo señala los constantes reportes de miembros de la fuerza pública que recibe la Procuraduría General de la Nación sobre el alto de las operaciones en contra de las Farc, convirtiéndose así en un “cese bilateral de facto”, lo cual llevaría a un mayor número de ataques terroristas y masacres por parte del Eln.

De igual manera denuncia la degradación de la seguridad en los campos y ciudades de Norte de Santander por la eliminación de la erradicación de cultivos ilícitos, que se han quintuplicado en los últimos cuatro años.

El procurador General de la Nación sintetiza tres peticiones concretas al Gobierno:

1. Poner de manera inmediata todos los recursos de la fuerza pública para separar los aparatos criminales que constituyen amenazas contra la seguridad de los ciudadanos de Norte de Santander.

2. Atacar las fuentes de financiación y control del narcotráfico y adoptar un plan de ejecución inmediata para erradicar los cultivos de coca del departamento.

3. Elaborar y ejecutar una estrategia que involucre a las autoridades departamentales, municipales, entidades del Gobierno Nacional, la rama judicial y los organismos de control, para garantizar en los territorios una presencia estatal eficaz y la prestación de los servicios sociales.

Finalmente Ordoñez Maldonado pone a disposición la Procuraduría para realizar un seguimiento sobre la seguridad en Norte de Santander, para garantizar así los derechos de los habitantes.

“La búsqueda de la paz no puede hacerse a costa de la seguridad y los derechos a la vida y libertades de los ciudadanos”, concluye el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado.