–El Departamento de Estado de los Estados Unidos denunció que Colombia sigue presentando graves problemas en derechos humanos, especialmente por la impunidad, la ineficacia del sistema judicial, los desplazamientos forzados, la corrupción y la discriminación social.

El informe, que correspondiente al año 2015, advierte que el sistema judicial colombiano es «ineficaz» para juzgar antiguos paramilitares.

«Un sistema judicial ineficaz sujeto a la intimidación limita la capacidad del gobierno para perseguir eficazmente a individuos acusados de violaciones de derechos humanos, entre ellos ex miembros de grupos paramilitares», afirma el reporte.

Agrega que “los problemas más graves en derechos humanos fueron la impunidad, la ineficacia del sistema judicial, los desplazamientos forzados, la corrupción y la discriminación social” contra afrodescendientes.

El informe del Departamento de Estado destaca las violaciones de los derechos humanos cometidas por grupos paramilitares como el llamado «clan Úsuga», así como por las guerrillas de las Farc y el Eln.

Entre las violaciones de derechos humanos perpetradas por esos dos grupos guerrilleros, el gobierno estadounidense señala los asesinatos de políticos y miembros de las fuerzas de seguridad, así como los secuestros, las desapariciones forzadas, las violaciones sexuales y la intimidación de jueces, fiscales y testigos.

Según el Departamento de Estado norteamericano, el sistema judicial colombiano «no ha podido generalmente cerrar los casos de forma rápida y eficiente”.

Sin embargo, destaca el aumento de recursos para la fiscalía colombiana y reconoce los esfuerzos del ejecutivo nacional para procesar y castigar a los autores de abusos, incluidos los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.

EN OTROS PAÍSES DE LA REGION

El gobierno estadounidense también destaca las violaciones de derechos humanos en los restantes países de la región, como Venezuela, Cuba y México.

En cuanto a Venezuela afirma que el chavismo «ejerce el poder con autoritarismo creciente, con gran control del poder legislativo, judicial y ciudadano. Y este accionar incluye el interferencia del gobierno y el uso del Estado para el servicio del partido».

Subraya que el régimen de Nicolás Maduro sigue usando la judicatura para «intimidar» y perseguir a opositores políticos mediante el «uso indiscriminado de la Policía» para detener de forma arbitraria a miembros de la sociedad civil.

Al efecto se refiere al caso del opositor venezolano Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión, y cuya familia denunció en varias ocasiones que se le «negó» permiso para ver a un médico durante la huelga de hambre de 30 días que mantuvo el año pasado en la cárcel militar Ramo Verde, en las afueras de Caracas.

Además afirma: «Hay información sobre tortura, tratos inhumanos o degradantes y castigos a prisioneros durante todo el año; dos métodos comunes de tratamiento cruel fueron la negación de asistencia médica de las autoridades de prisiones y el mantenimiento de los presos en régimen de aislamiento».

Igualmente indica que el gobierno estadounidense ha recopilado información fehaciente sobre ejecuciones extrajudiciales realizadas por la policía y las fuerzas de seguridad; tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; duras condiciones de reclusión que amenazan la vida. Para los analistas, este accionar contribuyó a «la violencia generalizada, los disturbios, las lesiones y muertes en las cárceles». Además, remarca «la corrupción y la impunidad en la policía».

En cuanto a Cuba, pese al proceso de normalización bilateral y la reciente visita del presidente Barack Obama a La Habana, el informe no baja el tono sobre las denuncias acerca de las violaciones de derechos humanos.

Afirma que en la isla el acoso, las detenciones y las amenazas a los disidentes continuaron durante 2015, al igual que la práctica de los arrestos «arbitrarios» de pocas horas «para impedir el ejercicio de las libertades de expresión y reunión pacífica».

«Cuba es un estado autoritario dirigido por Raúl Castro, quien es presidente del Consejo de Estado y el Consejo de Ministros, primer secretario del Partido Comunista (PC) y el comandante en jefe de las fuerzas de seguridad. La Constitución reconoce al PC como el único partido y el partido del Estado», explica en su primer párrafo el informe sobre derechos humanos en Cuba durante 2015, pese al deshielo y de la histórica visita de Obama a la isla.

Precisamente, al presentar el informe, el secretario de Estado, John Kerry, recordó que en ese viaje a Cuba de marzo pasado tanto él como Obama «urgieron» a las autoridades «a permitir una mayor apertura política» y más acceso a internet.

Las principales violaciones de los derechos humanos en la isla de los Castro incluyen la limitación de la capacidad de los ciudadanos para elegir su gobierno; el uso de las amenazas del gobierno, asalto físico, intimidación y contraprotestas violentas organizadas por el gobierno contra la disidencia pacífica; y el acoso y detenciones para evitar la expresión y las reuniones pacíficas.

Adicionalmente reseña otros abuses, como son duras condiciones de reclusión, detenciones arbitrarias, las arrestos políticamente motivados, la negación de un juicio justo y las restricciones de viaje. «Las autoridades interfirieron con la privacidad mediante la participación en la vigilancia generalizada de las comunicaciones privadas».

Agrega subraya que el régimen cubano no respeta la libertad de prensa y expresión, hay acceso a internet restringido, mantiene el monopolio de los medios de comunicación y mantiene algunas restricciones contra los grupos religiosos.

Sobre México, el informe señala que la impunidad, la corrupción y los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad fueron las principales violaciones de derechos humanos en el país vecino en 2015.

La participación de la Policía y de las Fuerzas Armadas en «graves abusos», como «ejecuciones ilegales, tortura y desapariciones», es uno de los «problemas más significativos» de México que señala el informe.

Finalmente, el informe hace referencia a los gobiernos de Ecuador, Bolivia y Nicaragua y afirma que usan «pesada» burocracia administrativa para restringir la libertad de asociación y «reprimir» a la sociedad civil.