Desde que se inició el paro, la Procuraduría General de la Nación ejerció como facilitadora del diálogo entre las dos partes. Las negociaciones sobre la nutrición que reciben los niños fueron coordinadas por la procuradora delegada para la Infancia, Adolescencia y Familia, Ilva Myriam Hoyos.

La Procuraduría General de la Nación actuó como facilitadora en el diálogo y negociación entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el sindicato de las madres comunitarias (Sintracihobi), partes que llegaron a un acuerdo después de trece días de paro.

De igual manera, el Ministerio Público, quien tuvo como representante a la procuradora delegada para la Infancia, Adolescencia y Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, estará supervisando que se cumplan los acuerdos que firmaron el ICBF y las madres comunitarias.

Las protestas se dieron por el pedido de las madres comunitarias exigiendo mejoras en los alimentos de los niños, punto en el que fue clave la Procuraduría General de la Nación a través de su procuradora delegada, quien coordinó la mesa de negociación de este apartado además de la revisión del acuerdo.

El ICBF y Sintracihobi llegaron a un acuerdo cuando el primero se comprometió a garantizar un aporte calórico del 70 % requerido por los menores, dependiendo de su edad, así como la activación de rutas de atención cuando se presenten emergencias.

Asimismo, el ente de control, a través de la procuradora delegada Ilva Myriam Hoyos, adelantó gestiones humanitarias en los temas de cabinas móviles de sanitaridad, agua para los menores y consecución de medicamentos.

Por otra parte, Sintracihobi pedía mejoras en las condiciones laborales, y el ICBF acordó en este punto que se contratará a las madres comunitarias hasta el 31 de octubre de este año y posteriormente se firmará un nuevo vínculo del 1 de noviembre hasta julio del 2018, formalizando así su situación laboral, acuerdo en el que también participó la Procuraduría.

Además, la Procuraduría también hizo parte de la discusión conjunta con los senadores Alexander López Maya, Ángel Custodio Cabrera Báez, Dayra de Jesús Galvis Méndez, Maritza Martínez Aristizábal y Nidia Marcela Osorio Salgado, en la conversación relacionada con las peticiones de los derechos laborales de las madres comunitarias; y realizó un requerimiento verbal a la directora general del ICBF, Cristina Plazas Michelsen, para que atendiera personalmente la negociación entre el Instituto a su cargo y el Sindicato de las Madres Comunitarias Sintracihobi.