Según Jorge Enrique Calero Chacón, defensor delegado para la prevención de la violación de derechos humanos, la indiferencia y el menosprecio de las autoridades de Barranquilla ante los casos de descuartizamiento que se vienen registrando en la ciudad son preocupantes.

Para el funcionario, las autoridades no pueden seguir con la tesis de que ‘aquí no pasa nada’.

«Preocupa a la Defensoría del Pueblo un poco la inercia, el desconocimiento o el menosprecio de la información que ha emitido desde el año 2013», afirmó Calero al referirse a que desde ese año, hasta la fecha, se han presentado diez casos de descuartizamiento en la ciudad.

Los casos más recientes se registraron el 5 y 13 de marzo, y el 12 de abril, en sectores como El Boliche y la calle 15, donde fueron encontradas tres cabezas humanas en avanzado estado de descomposición.

De acuerdo con la Defensoría, casos de este tipo no se presentaban desde octubre de 2015, cuando fueron descubiertos los restos desmembrados de Jhony Suárez, de 19 años, asesinado en el barrio La Luz, situación que fue precedida en abril de ese mismo año en el barrio Villa Nueva, donde aparecieron partes de William Manotas Suárez, de 33 años.

“Como se recordará, el Sistema de Alertas Tempranas del organismo humanitario alertó esta semana sobre la presencia de las llamadas bandas criminales en 22 departamentos de la geografía nacional, con una influencia particular en aquellos que forman parte de la Región Caribe”.

José Humberto Torres, defensor de derechos humanos, señaló que en reunión con las autoridades policiales y gubernamentales emitió una alerta sobre posibles casas de pique.

El defensor indicó que hay que establecer el origen de este fenómeno para tomar las medidas correspondientes.