Nacional

«El Programa de Alimentación Escolar es insostenible e injusto»: Procuradora delegada para la Infancia, Adolescencia y Familia

Alimentación-Infantil

En el marco de la cumbre extraordinaria de gobernadores, organizada por la Federación Nacional de Departamentos, la Procuraduría General de la Nación expuso su preocupación por las falencias del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

El Ministerio Público estuvo representado por la procuradora delegada para la Infancia, Adolescencia y Familia, Ilva Myriam Hoyos, quien reiteró las críticas que ha venido haciendo en las últimas semanas sobre el programa.

“En el 2013 enviamos el primer comunicado advirtiendo al presidente de la República, Juan Manuel Santos, sobre las falencias jurídicas, financieras, organizacionales, administrativas y presupuestales del PAE y en el 2014, conjuntamente con junto la Contraloría volvimos a pronunciarnos, sin que tuviéramos respuesta en una y otra ocasión. Sentimos que hay un silencio de parte del gobierno en este tema, podemos hablar de “un silencio de los inocentes, porque termina afectando los derechos fundamentales de los niños”, comentó la procuradora delegada tras oír de manera atenta las intervenciones de los gobernadores.

Precisó que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1852 del 16 de septiembre de 2015, con el cual buscaba reglamentar el PAE, delegando en las gobernaciones y alcaldías la responsabilidad de desarrollar el programa, sin que tuviera en consideración las recomendaciones sugeridas por las administraciones regionales.

“Actualmente el programa es insostenible e injusto. Esto implica una vulneración a los derechos fundamentales de los niños, quienes son los directos afectados. Requerimos una revisión total del programa”, añadió la procuradora delegada.

“El PAE está pensado para otorgar el 50 % de las calorías que necesita un niño. Pero algunas regiones solo pueden dar desayuno o almuerzo. Se está brindando realmente entre el 20 y 30 % de lo que necesitan”, advirtió.

“Aquí hay un tema ético y de responsabilidad constitucional sobre la protección de los derechos. El programa debe ser reevaluado y acordado por todas las entidades que les corresponde, no solo por el Ministerio de Educación”, aseguró la procuradora.

Sobre la creación de una mesa de seguimiento al programa, iniciativa surgida en la cumbre del día de hoy la procuradora manifestó:

“Esperamos que esta mesa que se crea en esta reunión sea operativa y lleguemos a una solución concertada, no impuesta”, concluyó a la vez que recordó que Procuraduría está dispuesta a salvaguardar los derechos de los niños.

En el evento participaron más de veinte gobernadores, quienes expusieron sus preocupaciones sobre la implementación del PAE en sus jurisdicciones.

La cumbre tenía como objetivo que los gobernadores pudieran discutir la crisis que sufre actualmente el PAE con la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Federación Nacional de Departamentos, la Dirección para las Regiones y el Ministerio de Educación Nacional, entidad esta última que no se hizo presente.

Cumbre de gobernadores de la región Caribe

El sábado 23 de abril, en la ciudad de Valledupar, se llevó a cabo una cumbre de gobernadores de la región Caribe con la presencia de la procuradora delegada, quien realizó importantes advertencias, las cuales ya ha hecho el Ministerio Público ocasiones anteriores.

Se hizo énfasis en la necesidad de que el PAE se convierta en política de Estado y que el gobierno nacional entregue una mayor cantidad de recursos, pues el mismo se encuentra desfinanciado. Precisó que es necesario que la base de cualquier modificación del PAE tenga como pilar fundamental el enfoque de derechos que ponga a los niños, niñas y adolescentes como prioridad para garantizarles el derecho fundamental prevalente a una alimentación equilibrada.

También mostró preocupación sobre la decisión por parte del Ministerio de Educación de considerar cobertura universal únicamente para los 4 millones de niños de los que se encargaba el ICBF. La obligación legal establecida por el parágrafo cuarto del artículo 136 de la Ley 1450 del 2011 es que se debe lograr cobertura universal para los 8 millones de niños que están registrados en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT).